En Brasil, una Estación de Servicio puede elegir a quién comprarle combustible y definir cuánto cobrar por cada litro. Esa libertad, sin embargo, convive con una competencia intensa, costos laborales que preocupan a los empresarios y una cadena de abastecimiento donde las decisiones de Petrobras tienen un peso determinante. Tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, la política de precios vuelve a ocupar un lugar central entre las inquietudes de los expendedores.
El triunfo del mandatario, confirmado por la Justicia Electoral brasileña, abre una nueva etapa para esa discusión. Desde el sector reclaman previsibilidad para invertir y advierten sobre las dificultades que aparecen cuando los anuncios no se reflejan en las facturas que reciben las estaciones.
Así lo plantea a Surtidores, Wilber Silvano de Sousa Filho, presidente de Sindiposto-TO y representante de Fecombustíveis, la federación que representa a los empresarios de Estaciones de Servicio de Brasil. Con 18 años de experiencia en la reventa y una década al frente de la entidad, fue reelegido el 10 de marzo para un nuevo mandato de cuatro años.
Para entender sus preocupaciones hay que mirar primero cómo se organiza el mercado. Brasil tiene libertad de precios en toda la cadena de combustibles desde 2002, según la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). Cada estación determina su valor de venta en función del costo de compra, los gastos del establecimiento y la competencia de su zona.
Dentro de ese esquema tienen un lugar relevante las estaciones independientes, conocidas como de “bandera blanca”. Al no estar comprometidas comercialmente con una única distribuidora, pueden comparar ofertas y elegir proveedores. Esa flexibilidad viene acompañada de obligaciones: deben informar en los surtidores el origen del producto y actualizar la identificación cuando cambia el abastecedor.
Las estaciones vinculadas a una marca mantienen, por su parte, una relación contractual de suministro. Pero Wilber aclara una diferencia que considera fundamental: “La vinculación a una bandera no significa que la distribuidora determine el precio final al consumidor. La estación conserva la libertad de fijar sus precios de venta”.
El dirigente también destaca la separación regulatoria entre distribución y venta minorista, que impide, como regla general y con excepciones específicas, que las distribuidoras operen directamente estaciones destinadas al consumidor final. A su entender, esa organización ayuda a preservar la independencia del expendedor.
La autonomía comercial no evita las dificultades. Su principal preocupación para el próximo mandato de Lula es la continuidad de la influencia del Gobierno sobre los precios de Petrobras. Considera que las diferencias con los valores de importación y de las refinerías privadas complican la planificación, especialmente en un mercado que necesita abastecimiento externo de gasoil.
Según explica, cuando suben las cotizaciones internacionales, las distribuidoras utilizan ese movimiento para justificar aumentos. En cambio, sostiene que las bajas anunciadas por Petrobras no siempre llegan de manera proporcional a las estaciones.
“Esto termina colocando al estacionero en una posición muy difícil frente al consumidor, que espera una reducción inmediata en el surtidor”, señala.
Wilber distingue esa crítica de su valoración sobre las ayudas excepcionales. Considera necesaria una subvención temporal al gasoil frente a una crisis internacional, por la dependencia brasileña del transporte por ruta. Su cuestionamiento apunta a una política que, en su opinión, puede generar distorsiones permanentes.
Puertas adentro, el frente laboral concentra otra preocupación. Advierte que la complejidad normativa y las distintas interpretaciones judiciales dificultan la gestión. También sigue el debate sobre el fin del esquema de seis días de trabajo y uno de descanso, por su impacto en establecimientos que atienden las 24 horas.
Cita estimaciones del comercio que ubican un eventual aumento de los gastos de personal entre el 18 y el 20 por ciento, dependiendo de cada empresa y de las contrataciones necesarias. Se trata de una proyección sectorial, cuya magnitud dependerá de los cambios que finalmente se aprueben.
Con esos costos en discusión, las tiendas ganan importancia. Wilber considera que sostenerse solo con combustibles todavía es viable en algunas regiones, aunque ese margen se reduce. Su recomendación es adaptar la oferta a cada comunidad, con comidas, productos y servicios que respondan a los hábitos locales.
La agenda de Fecombustíveis incluye fortalecer la fiscalización, acompañar la reforma tributaria y acelerar la tributación monofásica del etanol hidratado. También observa el proyecto que propone permitir hasta un 50 por ciento de surtidores de autodespacho. Para Wilber, el próximo mandato debería aportar reglas más claras y transparencia para que la libertad comercial pueda traducirse en inversiones previsibles.
