Escaparse sin pagar por la carga de combustibles en una Estación de Servicio es un hecho que se reitera con más frecuencia de lo que se cree. El delito se replica en casi  todo el mundo, más allá de la modalidad de suministro, al punto que son muchos los países que legislan sobre este fraude.

En Chile, sin ir más lejos, la diputada Mercedes Bulnes presentó un proyecto que se inspira en un procedimiento similar establecido para las concesionarias de peajes ruteros, donde el no pago resulta en consecuencias legales: “Hoy existen los medios tecnológicos para identificar objetivamente y con precisión la identidad del incumplidor a través de la patente”, aseguró.

La parlamentaria destacó la importancia de perseguir esta práctica, que no solo constituye un robo sino que también pone en riesgo la seguridad de los automovilistas y los empleados de las Estaciones de Servicio.

La propuesta tiene como objetivo principal combatir la evasión en los surtidores, la cual ha generado graves consecuencias para las empresas del sector y sus trabajadores, incluyendo actos de violencia.

La iniciativa contempla la imposición de sanciones a beneficio municipal y la anotación en el Registro de Multas de Tránsito para aquellos que no cancelen sus deudas judiciales. Según la legisladora, se espera que contribuya a disminuir la práctica conocida como “perro muerto” y a proteger a las y los empleados de las Estaciones de Servicio.

España es otro de los países donde este tipo delitos es bastante frecuente. Allí, los encargados de las expendedoras de combustibles están obligados por ley a denunciar a cualquier cliente que se dé a la fuga sin pagar.

Las consecuencias legales no son irrelevantes, ya que este hecho está tipificado como delito leve de estafa. El proceso deriva en un juicio del que se puede salir culpable. El dinero a pagar por dicha multa variará en proporción al tiempo impuesto por el juez y del poder adquisitivo del acusado. Además, se deberá hacer frente a la responsabilidad civil de la cantidad que debió haber abonado al realizar la carga.

La reincidencia, en tanto, acarrea consecuencias más graves. Cuando un acusado cuenta con tres condenas en firme, se lo acusa de un delito grave. Más allá de las multas y la cuantía por la responsabilidad civil, las penas a las que se enfrenta son de entre 1 y 6 años de prisión, dependiendo de las circunstancias en las que se hayan cometido los fraudes.