La primera etapa del Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (RENAGAS) cerró oficialmente en marzo, y con ello, surgieron las primeras observaciones técnicas y administrativas sobre las Estaciones de Servicio ubicadas en la megalópolis, es decir, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Los hallazgos, aunque no sorprendentes para los especialistas del sector, sí revelan un patrón de omisiones que podría poner en riesgo la continuidad de muchas operaciones.

Entre las irregularidades más frecuentes se encuentra la ausencia del resolutivo de impacto ambiental estatal. Según explicó a Surtidores Latam, Luis Omar Guzmán Juárez, especialista en regulación, este documento, indispensable para el cumplimiento normativo, suele estar extraviado o mal archivado. En muchos casos, su inexistencia responde a que antes de la creación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), su exigencia era intermitente, y la administración interna de muchas gasolineras no implementa prácticas de respaldo digital. Esto impide su reposición ante las autoridades correspondientes, dejando a los permisionarios en una situación vulnerable.

Otra observación relevante tiene que ver con las modificaciones físicas no notificadas en las estaciones. Cambios en la capacidad de almacenamiento o en los equipos de operación, como dispensarios o pistolas de carga, deberían haberse reportado oportunamente a las autoridades estatales o, más recientemente, a la ASEA. Guzmán Juárez señaló que esta omisión, lejos de ser un simple descuido, puede tener consecuencias severas para los permisionarios.

Además, se ha detectado una preocupante desactualización de los planos arquitectónicos. En muchos casos, las expendedoras sólo cuentan con anteproyectos elaborados por PEMEX o por terceros acreditados, los cuales difieren más de un 5% con la configuración real. Esta discrepancia técnica, aparentemente menor, puede ser considerada como una falta de documentación válida en los términos de RENAGAS.

La situación más crítica, sin embargo, se da en el rubro de la marca comercial. Numerosos permisionarios ya operan bajo una nueva bandera comercial sin haber solicitado la modificación del permiso correspondiente. 

Esto no solo representa una infracción administrativa, sino que también puede comprometer la viabilidad del negocio. El experto sostuvo que este tipo de inconsistencias, cuando se acumulan, pueden abrir la puerta a sanciones graves, incluyendo la revocación del permiso de expendio.

Desde el gobierno federal se han ofrecido vías para la regularización voluntaria, pero muchos empresarios las han ignorado, temerosos de enfrentar sanciones o multas. No obstante, para Guzmán Juárez, es preferible asumir una corrección con penalización que arriesgar el cierre definitivo de la estación. «Esperar a que el tiempo resuelva estas irregularidades, es una apuesta peligrosa; la clausura puede llegar sin previo aviso», sostuvo.

En este escenario, la recomendación del especialista es clara: cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones regulatorias debe ser la prioridad número uno para garantizar la continuidad del negocio. En segundo lugar, resulta fundamental iniciar procesos de regularización de cualquier desviación detectada, y hacerlo de la mano de asesores que comprendan a fondo el marco normativo del sector.