*Por César Gutiérrez Peña

La destitución del presidente José Jerí, tras apenas 130 días en el poder, no solo confirma la inestabilidad política que atraviesa el Perú, sino que además deja consecuencias inmediatas en un frente especialmente sensible: el abastecimiento de combustibles. Con 75 votos a favor de su cese en el Congreso de la República, el país vuelve a enfrentarse a un cambio abrupto de liderazgo en medio de una coyuntura económica delicada.

La gestión de Jerí culmina con un hecho preocupante que advertí a fines de enero: el desabastecimiento de gasoholes y diésel que se viene experimentando desde la semana pasada, acompañado de un incremento de precios del orden del 28 por ciento al consumidor final. No se trata de una fluctuación menor, sino de una señal clara de desajustes estructurales en la política energética.

El origen del problema radica en la decisión del gobierno saliente de no continuar brindando apoyo financiero a Petroperú para la adquisición de crudo, biocombustibles y combustibles importados como el diésel 2, el producto más consumido en el país. En un mercado donde el diésel es clave para el transporte de carga, la minería y la actividad agroindustrial, cualquier alteración en su suministro tiene efectos multiplicadores.

Petroperú representa aproximadamente el 25 por ciento del mercado nacional. El 75 por ciento restante es atendido por operadores privados como Refinería La Pampilla S.A. (Repsol), ExxonMobil, Valero Energy y Marathon Petroleum. Si bien estas compañías tienen capacidad para suplir el volumen que dejaría de atender la petrolera estatal, no pueden hacerlo de manera inmediata. Se requiere contratar almacenamiento adicional y aumentar gradualmente los volúmenes de importación.

El error de la administración saliente fue llevar a la práctica una paralización de facto de Petroperú sin coordinar previamente la seguridad del abastecimiento. En el sector energético no existen soluciones instantáneas. Las cadenas logísticas, los contratos de suministro y la infraestructura de almacenamiento exigen planificación anticipada. Improvisar en esta materia equivale a trasladar el costo al consumidor.

La inestabilidad política, además, agrava la percepción de riesgo país y complica la toma de decisiones empresariales. Con una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias pesando sobre Jerí, la crisis institucional terminó desplazando la atención de los problemas económicos urgentes. Sin embargo, el mercado de combustibles no espera definiciones políticas: responde a señales concretas de oferta y demanda.

Se da por descontado que María del Carmen Alva asumirá la Presidencia de la República. Su primera tarea será conformar un nuevo gabinete, incluyendo a los titulares de Economía y Finanzas, y de Energía y Minas, quienes integran la Junta General de Accionistas de Petroperú. Allí se definirá si se mantiene la decisión de no respaldar financieramente a la estatal o si se adopta un esquema de transición ordenada.

De persistir la falta de apoyo y de no coordinar con los operadores privados una cobertura eficiente de la demanda, el desabastecimiento y el alza de precios continuarán. El impacto no se limitará al surtidor: inevitablemente se trasladará al Índice de Precios al Consumidor, afectando alimentos, transporte y bienes esenciales. En un país cansado de la volatilidad política, la energía no puede seguir siendo rehén de decisiones apresuradas. La estabilidad institucional y la seguridad energética deben ir de la mano si se pretende evitar que la crisis política se convierta en una crisis económica de mayor envergadura.

*César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú y analista del sector energético.