Una vez más las tensiones en el país suben, al encontrarse camiones de carga de combustibles varados en Paraguay sin poder cumplir con las entregas, una situación que el Sindicato de Choferes Asalariados de Transporte Internacional y Nacional atribuye a incumplimientos de la empresa Botrading, subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Esta demora ya comienza a repercutir en las Estaciones de Servicio bolivianas y amenaza con golpear la cadena productiva nacional.

Ante esto, el dirigente gremial Pedro Quispe responsabilizó directamente a la compañía y exigió el cumplimiento inmediato de los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre. “¿Cuándo van a cargar? ¿Cuándo van a planificar o cuándo van a facturar?”, reclamó advirtiendo que de no garantizarse la carga se podrían iniciar procesos judiciales contra la firma.

La crisis se produce en paralelo a investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la importación de combustibles a través de Botrading. El fiscal Omar Yujra confirmó que al menos cinco funcionarios de YPFB serán convocados a declarar en los próximos días, mientras que el exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, ya guarda detención preventiva en el marco del caso.

Pese al escenario judicial, informes parlamentarios y reportes de prensa revelaron que dicha empresa recibió adjudicaciones millonarias para la importación de diésel en medio de cuestionamientos por presuntos sobreprecios. Desde YPFB, en tanto, se defendió la legalidad de los contratos, negó pagos en exceso y aseguró que está dispuesta a someterse a auditorías externas.

Las consecuencias comienzan a sentirse en los surtidores del país. Estaciones de servicio de distintas ciudades reportaron cierres temporales y largas filas de vehículos, en un contexto donde la subvención estatal mantiene el litro de diésel en Bs 3,72, muy por debajo del precio real de mercado. Los transportistas advierten que, de levantarse ese subsidio o mantenerse los retrasos, el costo podría triplicarse y trasladarse a toda la cadena productiva, desde el agro hasta la industria.

El sindicato alertó además que, de no regularizarse la situación, se podrían asumir medidas de presión en defensa del sector. Tras semanas de incertidumbre, se autorizó la salida de unas 60 cisternas desde Paraguay, pero aún no existe un cronograma claro para el resto de los camiones varados.

Con un frente judicial abierto y la logística paralizada, el futuro inmediato dependerá de la capacidad de YPFB y de su filial para transparentar los contratos, garantizar el abastecimiento y evitar que la tensión se traslade definitivamente a los surtidores y al bolsillo de los bolivianos.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que ocurre una situación similar, y que en oportunidades anteriores el Defensor del Pueblo de Paraguay, Rafael Ávila, dijo que la presencia de estos camiones representan una “bomba de tiempo” por riesgos de incendio, explosión o contaminación.