El crecimiento acelerado de los vehículos eléctricos en Uruguay abre una alta demanda de puntos de carga rápidos, lo cual amenaza con convertirse en un cuello de botella, pero al mismo tiempo posiciona a las Estaciones de Servicio como lugares estratégicos.

En el primer semestre de 2025 se vendieron más de 5.000 autos eléctricos en el país, lo que representó un aumento del 124 por ciento en comparación con igual período del año anterior, según informó el ingeniero Federico Arismendi, director de la empresa EVE-MOVE, durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Senado.

“Por primera vez, un vehículo eléctrico se ubicó entre los cinco más vendidos del país y, en el segmento SUV, el modelo más comercializado también fue eléctrico”, destacó. Sin embargo, advirtió que detrás del boom existe un rezago estructural, ya que mientras la Agencia Internacional de Energía estima un promedio global de 11 vehículos por punto de carga, en Uruguay la relación trepa a casi 50.

La escasez es particularmente evidente en los cargadores rápidos, capaces de reponer autonomía en 20 o 30 minutos, frente a los lentos que requieren varias horas. Para Arismendi, Uruguay debería duplicar la capacidad instalada de carga rápida en los próximos dos años, con al menos 100 nuevos dispositivos.

No obstante, la instalación de infraestructura enfrenta obstáculos técnicos y regulatorios. En diálogo con Surtidores Uruguay, Agustín Labandera, responsable del Segmento Infraestructura y Canales de Distribución de ABB Uruguay, señaló que “muchas expendedoras están ubicadas en zonas rurales o en rutas donde, si bien la electrificación llega, no hay suficiente potencia disponible para instalar equipos de 120 kW sin realizar obras importantes”. Según explicó, estas inversiones implican tiempos prolongados, costos elevados y una coordinación compleja con las distribuidoras de energía.

En Montevideo, donde la mayoría de los usuarios vive en apartamentos y carece de garajes adaptados, la demanda externa de carga se multiplica. “Es necesario que tengan la opción de cargar afuera, porque hoy no todos los edificios están preparados para ello”, remarcó Arismendi.

Asimismo, en términos normativos, actualmente UTE concentra todos los roles de la cadena: proveedor de energía, operador de cargadores, vendedor del servicio y gestor de la plataforma digital, lo que genera dificultades para que privados ingresen en el negocio.

Más allá de esa condición, empresas como EVE-MOVE planean invertir un aproximado de USD 1.5 millones en los próximos dos años, con el objetivo de sumar alrededor de 100 cargadores rápidos si logran un entorno más favorable.

La discusión sobre el futuro de la infraestructura de carga también está en la agenda del Gobierno. En el día de ayer, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, presentó en el Parlamento los ejes presupuestarios de su cartera para el próximo quinquenio, donde incluyó como prioridad el impulso a la movilidad eléctrica.

“Este es un trabajo coyuntural que responde a las realidades de hoy, pero también busca sentar bases que trasciendan los periodos de Gobierno”, señaló Cardona, al remarcar la necesidad de una estrategia integral que involucre tanto al sector público como al privado.