A medida que el calendario se acerca a su fin, el sector de las Estaciones de Servicio en América Latina encuentra en el balance anual una oportunidad para revisar números, modelos operativos y desafíos estructurales. Si bien cada país presenta particularidades normativas, el debate ya no pasa únicamente por las reglas laborales en sí mismas, sino por cómo estas inciden en la sustentabilidad del negocio, especialmente en un contexto de márgenes ajustados y avance tecnológico.

Según datos compartidos por la CLAEC a Surtidores Latam y expuestos en el último Congreso Latinoamericano de Empresarios de Combustibles, en la mayoría de los países de la región, las gasolineras operan con jornadas semanales de 48 horas, aunque existen excepciones relevantes. 

Uruguay, República Dominicana y Honduras, por ejemplo, establecen un régimen de 44 horas semanales, lo que introduce diferencias en la organización del trabajo y en los costos asociados.

Más allá de la carga horaria, la organización destacó que las regulaciones sobre descansos, adicionales salariales, capacitación obligatoria y exigencias de salud laboral varían significativamente entre mercados. Existen, en los hechos, tantos marcos jurídicos como países, lo que dificulta cualquier comparación lineal y refuerza la necesidad de analizar el impacto económico concreto.

Uno de los datos más relevantes es el costo mensual total de un trabajador que despacha combustible, entendido como la suma del salario, cargas sociales y cualquier otro beneficio o exigencia normativa que implique una erogación para la empresa.

El promedio regional se ubicó en U$S 739 mensuales, aunque las diferencias entre países son marcadas. En un extremo aparece Bolivia, con un costo de U$S 364, en línea con su menor PBI per cápita. En el otro, Uruguay, donde el costo asciende a U$S 1.529, el valor más alto entre los países analizados y coherente con su mayor nivel de ingresos por habitante.

Esta dispersión refleja no solo realidades económicas distintas, sino también el peso creciente de la normativa laboral sobre la estructura de costos del negocio. Asimismo, uno de los datos más interesantes para la CLAEC es cuánto pesa el costo del pistero dentro del margen bruto del combustible, un indicador importante para la rentabilidad del negocio.

En la mayoría de los países, ese peso se ubica entre el 40% y el 50% del margen bruto, con un promedio regional del 45%. Sin embargo, nuevamente aparecen extremos significativos. Entre ellos se encuentra Perú, con apenas un 15% y Argentina, donde el costo laboral alcanza el 60% del margen bruto.

Otro de los temas importantes del año es el autodespacho de combustibles, una modalidad que avanza de forma desigual en América Latina. En Argentina, el tema cobró especial relevancia tras la aprobación del DNU 45/2025, que habilita el autoservicio en todo el territorio nacional. La norma permite que cada operador decida si implementa el sistema, ya sea de forma total o parcial, quedando pendiente la reglamentación por parte de la Secretaría de Energía. No obstante, la experiencia previa dejó una señal clara: el público siguió prefiriendo el modelo de atención personal, lo que limitó su adopción.

A nivel regional, la mayoría de las estaciones continúan siendo atendidas por personal, aunque existen casos de modalidad mixta o de autoservicio completo, todavía excepcionales. Brasil y Costa Rica directamente prohíben esta modalidad, mientras que otros países la restringen, como Uruguay, donde se requiere autorización expresa del regulador.

Desde la CLAEC se advirtió que, si bien muchas regulaciones tienen un origen bien intencionado, su acumulación en un contexto de abaratamiento de la tecnología puede obligar a repensar el modelo con una mirada más amplia y estratégica.