El borrador de decreto que plantea un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 comienza a generar preocupación en sectores regulados de la economía, entre ellos el de combustibles líquidos.

A diferencia de otras actividades, las Estaciones de Servicio no tienen margen para ajustar precios de manera inmediata y compensar el incremento de costos que se produciría desde enero.

Según explicó a Surtidores LATAM Javier Vargas, empresario del sector, el impacto sería directo sobre la rentabilidad del negocio. “Esta noticia sí tiene un impacto sustancial en el negocio de combustibles líquidos, particularmente porque no tenemos posibilidad de ajuste a través del precio de venta al público, que compense en el corto plazo el incremento que decrete el Gobierno Nacional”, advirtió.

Uno de los principales problemas señalados por el sector es el desfase temporal entre el aumento de los costos y la actualización de los ingresos. Vargas recordó que “los márgenes, mayorista y minorista, se actualizan por IPC en junio y febrero de cada año, respectivamente”, lo que genera un descalce frente al aumento del salario mínimo que comienza a regir desde el primer día del año.

A este retraso se suma un problema estructural en la fórmula de actualización. “El costo de mano de obra, que incrementa anualmente con el ajuste en el salario mínimo, no se ve reconocido plenamente con la actualización del margen minorista, por cuanto este se ajusta es con el IPC”, explicó. Las estimaciones, agregó, apuntan a que la inflación cerraría entre el 6% y el 7%, muy por debajo del incremento salarial que se evalúa.

El anuncio del Gobierno de fijar el salario mínimo por decreto y con un incremento de dos dígitos profundiza aún más el desfasaje existente. “Ya se está generando una brecha aún mayor entre actualización de costo y actualización del ingreso correspondiente, deteriorando los márgenes de rentabilidad esperados en el negocio”, señaló Vargas.

Desde la óptica empresarial, este escenario también expone una contradicción en la política pública. El empresario sostuvo que “el gobierno es contradictorio al exigir, como recientemente lo declaró el ministro de Minas y Energía, condiciones dignas para los trabajadores a través del cumplimiento del 100% de los aspectos laborales”, sin reconocer al mismo tiempo los costos que esas obligaciones generan.

En ese sentido, remarcó que es el propio Estado el que fija los márgenes del sector. “Es el mismo Gobierno el que se encarga de no reconocer, a través de los márgenes que se regulan por intermedio de la CREG, los costos asociados a tales obligaciones, incluidas las derivadas de las reformas laborales recientes”, concluyó Vargas.