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Paraguay.
Competitividad

Bajar precios o perder ventas: el dilema de las estaciones tras el recorte de Petropar

La rebaja de G. 300 por litro obligó a los emblemas privados a revisar sus pizarras y reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de competencia.
precios de combustibles en Paraguay

La discusión por el valor de los carburantes en Paraguay volvió a exponer una dificultad que atraviesa el mercado desde hace varios meses: cómo competir con una petrolera estatal que tiene capacidad para modificar sus tarifas y arrastrar detrás de sus movimientos al resto del sector. La última medida de Petropar, lejos de cerrar el debate, reabrió la polémica sobre los límites comerciales de las distribuidoras y la presión que soportan las bocas de expendio.

El 13 de noviembre, la firma pública anunció un ajuste a la baja de G. 300 por litro. El alcance incluyó al diésel y a las tres variedades de nafta comercializadas por la compañía, en un momento en que las subas acumuladas habían encarecido el abastecimiento para transportistas, empresas y consumidores.

La determinación tuvo una repercusión inmediata entre los competidores. Miguel Velázquez, representante de la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Emblemas Privados, cuestionó que la estatal extendiera el descuento a las naftas, cuando las conversaciones con el Gobierno estaban centradas en una reducción impositiva para el diésel común.

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La modificación tributaria representaba un alivio de G. 340 por litro. Las firmas privadas resolvieron trasladar G. 300 al consumidor final y absorber los G. 40 restantes para cubrir gastos operativos y administrativos. Sin embargo, el movimiento de la petrolera amplió la disputa a otros productos y forzó a las empresas a recalcular también sus valores en las gasolinas para no quedar fuera de competencia.

La preocupación de los empresarios tiene antecedentes. Los incrementos aplicados durante el año habían generado brechas importantes entre los valores de Petropar y los de los emblemas privados, especialmente en el diésel. Esa diferencia favoreció el desplazamiento de parte de la demanda hacia la red estatal.

Miguel Bazán, referente del sector, había advertido a comienzos de noviembre sobre una retracción de las ventas en las estaciones particulares después de los últimos ajustes. La situación coincidió con un avance de la compañía pública en el segmento del gasoil, impulsado por pizarras más competitivas.

Para los estacioneros, el problema no consiste únicamente en vender más barato. También deben administrar los costos de reposición, los gastos de funcionamiento y el capital necesario para mantener abastecidos sus puntos de venta. En un rubro donde los volúmenes comercializados tienen una incidencia directa sobre los resultados, perder clientes frente a otro competidor puede tener consecuencias que van más allá de una diferencia puntual en el surtidor.

Los datos del comercio exterior ayudan a entender la presión que enfrenta la cadena. Según el Banco Central del Paraguay, entre enero y octubre de 2026 las importaciones de combustibles y lubricantes aumentaron 32,8% en valor interanual. Las compras de gasoil alcanzaron aproximadamente US$ 1.150 millones, con un alza del 31,4%, mientras que las naftas sumaron US$ 574 millones, un 39,7% más.

La puja empresarial se desarrolla, además, en medio de un conflicto con los rubros que más dependen del diésel. La baja de G. 300 por litro fue considerada insuficiente por los gremios del transporte, que exigen una disminución de G. 2.500.

Miguel Sanabria, titular de la Asociación de Volqueteros, cuestionó el alcance de la medida y participó de los reclamos que derivaron en nuevas movilizaciones y cierres intermitentes de rutas durante el 16 de noviembre. Los transportistas sostienen que los aumentos acumulados durante el año elevaron considerablemente sus costos operativos y que el descuento anunciado no alcanza para recuperar la ecuación económica de sus actividades.

El Gobierno, por su parte, dispuso una reducción temporal del 50% en la base imponible del Impuesto Selectivo al Consumo aplicado al diésel común, hasta el 31 de diciembre. La intervención busca moderar el importe final, aunque no consiguió desactivar las protestas.

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