Por: César Gutiérrez Peña (*)

La razón mendaz es que el decreto toma 240 millones de soles del presupuesto del Ministerio de Energía y Minas para pagar compensaciones por despido. Ese monto tendrá que ser restituido posteriormente desde la caja fiscal, por lo que afirmar que no existe impacto fiscal es falso.

La falta de análisis se evidencia en la suposición de que la generación de márgenes de Petroperú, sumada a los ingresos por venta de activos, permitirá cubrir deudas vencidas, gastos corrientes y el servicio anual de la deuda. Esa premisa no resiste una evaluación financiera seria.

A la fecha, la primera pregunta que debe responderse es si al 31 de diciembre de 2025 se pagaron los intereses a los bonistas y los intereses más amortización del crédito sindicado liderado por Deutsche Bank. De no haberse realizado esos pagos, Petroperú habría entrado en default, poniendo en riesgo al Estado peruano de ser demandado por los acreedores, dado que es el propietario de la empresa.

Si, por el contrario, los vencimientos fueron pagados, lo que sería lo correcto, el saldo de caja de Petroperú debería ser cero, quedando la empresa completamente dependiente de los ingresos diarios por la venta de combustibles para seguir operando.

Actualmente, Petroperú mantiene adeudos de tres meses con productores de petróleo y gas natural de la región Piura, con el concesionario de distribución de gas natural de esa misma región y con los concesionarios de servicios auxiliares de la Refinería de Talara, como cogeneración de vapor y electricidad, producción de hidrógeno y producción de ácido sulfúrico. A ello se suma la deuda con el operador logístico del lote offshore Z-69.

El margen óptimo anual de la Refinería de Talara es de 322 millones de dólares, cifra insuficiente para cubrir el servicio anual de la deuda, estimado en 340 millones de dólares, sin considerar los gastos administrativos ni de ventas. En ese contexto, el despido de 900 trabajadores, recomendado por ADL-Columbus en julio de 2023, es una medida importante, pero de muy bajo impacto en la reducción de costos.

Por su parte, la recaudación por la venta de todos los inmuebles de Petroperú *no excederá los 200 millones de dólares, y, en un escenario optimista, esos recursos recién estarían disponibles a mediados de junio. Además, el Decreto de Urgencia N.° 010-2022 establece que Petroperú deberá transferir en 2026 **144 millones de soles a ProInversión* para implementar las medidas previstas.

Mi pronóstico es claro: si no existe un apoyo de caja, Petroperú paralizará sus operaciones en aproximadamente cuatro meses, con un perjuicio directo para las regiones de Tumbes, Piura y Loreto.

(*) César Felipe Gutiérrez Peña, fue presidente del directorio de Petroperú desde 2006 hasta 2008.