La política de fijación de precios de los combustibles volvió a quedar en el centro de la discusión pública luego de que un estudio del Centro de Estudios de Políticas Públicas, liderado por Alejandro Stipanicic, ex presidente de ANCAP, estimara que entre marzo y diciembre de 2025, los consumidores uruguayos habrían pagado cerca de US$ 88 millones por encima del Precio de Paridad de Importación en nafta y gasoil.

De acuerdo con el relevamiento, la brecha acumulada habría alcanzado los US$39 millones en el caso de la nafta y US$50 millones en el gasoil. En sentido contrario, el supergás habría generado pérdidas estimadas en US$44 millones, lo que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el financiamiento de los subsidios energéticos.

Si bien el informe apunta a una diferencia entre el precio en planta de distribución de ANCAP y el PPI publicado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, el impacto de estas decisiones se traslada directamente al mercado minorista, donde las Estaciones de Servicio operan como último eslabón de la cadena y enfrentan la reacción cotidiana de los consumidores frente a los ajustes de precios.

A través de un comunicado conjunto, los ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, recordaron que el actual sistema fue definido a fines de mayo de 2025 y comenzó a aplicarse con las tarifas de julio de ese año. Entre los cambios centrales, se estableció que los costos de venta al público se ajustan cada dos meses y que la referencia principal es el Precio de Paridad de Importación, al que se le suma un factor de ajuste.

Ese factor fue fijado en $1.5 por litro tanto para la nafta como para el gasoil y, según explicaron las carteras, su aplicación respondió a la necesidad de financiar el subsidio al supergás envasado, que al inicio del actual período de gobierno se encontraba sin una fuente de financiamiento definida. De acuerdo con las cifras oficiales, el costo total de ese subsidio durante 2025 ascendió a US$52 millones, monto que habría sido cubierto por la recaudación generada a través del factor de ajuste aplicado a los combustibles líquidos.

A raíz de esto, el diputado colorado y ex subsecretario del MIEM, Walter Verri, en diálogo con Surtidores, cuestionó con dureza la política adoptada y sostuvo que el cambio en la metodología implicó, desde el inicio, la decisión de cobrar un sobreprecio a los usuarios para fortalecer la caja del Estado.

“Desde el momento en que se cambió la forma de fijación del precio de los combustibles, era claro que se estaba diciendo: vamos a cobrar un sobreprecio para poder hacer frente a la caja, para que ANCAP no siga poniendo lo que venía gastando en subsidios”, afirmó Verri.

En ese sentido, sostuvo que durante el gobierno anterior fue la empresa estatal la que absorbió el costo de los subsidios, sin trasladarlos a la población. “La espalda de ANCAP aguantó todos los subsidios y los uruguayos no tuvieron que pagar más para subsidiar el supergás”, remarcó.

El legislador vinculó esta política con un proceso generalizado. “Estamos frente a un ajuste fiscal muy feroz, en el IRPF, en el IASS, en las tarifas y en todos los frentes”, señaló, y agregó que aún con la reducción del factor de ajuste prevista para 2026, de $1.5 a $ 1.2 por litro, el esquema continuará recaudando alrededor de US$ 50 millones por año.

“Se podrá discutir si el sobreprecio es de 55 millones o de 88 millones de dólares, pero la realidad es que hay un sobreprecio, y es muchísima plata que sale del bolsillo de los uruguayos”, concluyó.