Mientras las medidas federales habrían reducido el huachicol fiscal en determinados períodos, otras formas de sustracción persisten y mantienen bajo presión las finanzas públicas y los mecanismos de control del mercado energético.
Un análisis de Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía, estimó que las pérdidas fiscales por robo y contrabando de combustibles y crudo alcanzaron los 165.437 millones de pesos durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum. En términos reales, el monto supera en un 6.8% el registrado durante el período equivalente de Andrés Manuel López Obrador.
La evolución del huachicol fiscal no muestra una trayectoria uniforme. En septiembre, Barnés de Castro advirtió que las importaciones irregulares de diésel desde Estados Unidos habían alcanzado los 3.1 millones de barriles en junio de 2026, equivalentes a unos 102.000 barriles diarios.
Según las estimaciones del especialista, ese volumen representaba alrededor del 12% de la demanda nacional de diésel. El cálculo se basa en las diferencias entre los registros comerciales estadounidenses y los ingresos legales declarados en México, por lo que constituye una estimación y no un conteo directo de operaciones ilícitas.
La magnitud del fenómeno pone el foco sobre la trazabilidad del producto y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cuando parte de la oferta elude esos compromisos, pueden generar ventajas económicas frente a los operadores que abastecen sus negocios mediante canales regulares.
De esta manera, las tomas clandestinas constituyen otro frente de la problemática. Un relevamiento del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal contabilizó 1.161 perforaciones ilegales en ductos de gas LP durante 2025, un 21.83% más que el año anterior.
En el caso del diésel sustraído de los ductos de Petróleos Mexicanos, Barnés de Castro señaló que el volumen había disminuido significativamente desde marzo de 2026, aunque volvió a crecer en agosto. El especialista relacionó ese repunte con el retroceso del huachicol fiscal observado desde julio, si bien esa interpretación no demuestra por sí misma una relación causal entre ambos fenómenos.
La captura del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, en marzo de 2025, marcó un antecedente de las medidas federales dirigidas a combatir el ingreso irregular de combustibles. De acuerdo con el análisis del Observatorio, las acciones posteriores contribuyeron a reducir el componente fiscal del ilícito.
Sin embargo, la persistencia de otras modalidades muestra los límites de evaluar los resultados a partir de un solo indicador. La fiscalización de las importaciones, la documentación comercial, el transporte y la distribución debe complementarse con la vigilancia de los ductos y el seguimiento del producto hasta su destino.
