La crisis política y social en Bolivia entró en una fase de abierta intensificación. Los bloqueos masivos y las movilizaciones ciudadanas continúan por segunda semana consecutiva en las principales carreteras de acceso a La Paz y El Alto, en rechazo generalizado al paquete de reformas económicas impulsado por el gobierno.

Según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo boliviana, el operativo de «despeje de vías» del sábado se saldó con al menos 47 personas detenidas y cinco heridos. Por su parte, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó que el departamento de La Paz registraba al menos 15 puntos de bloqueo activos, mientras que en jornadas previas la cifra en todo el territorio llegó a ser de 32.

La raíz del descontento social se encuentra en el decreto promulgado el pasado mes de diciembre, que puso fin a dos décadas de subvenciones estatales a los hidrocarburos, provocando que los precios de la gasolina y el diésel se duplicaran. La viceministra de la Presidencia, Andrea Barrientos, defendió la medida argumentando que es «la única forma de sincerar la economía«. Asimismo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó categóricamente la derogación del decreto, aunque, tras las multitudinarias movilizaciones de las dos últimas semanas, el viceministro de Coordinación, Julio Linares, matizó que el Ejecutivo «está dispuesto a revisar» cerca de 40 artículos de las normativas complementarias.

La Central Obrera Boliviana, liderada por Mario Argollo, sostiene que el paquete de 10 leyes de reactivación económica busca «imponer la privatización» de los servicios públicos de agua, luz y gas, y favorecer a empresas transnacionales en sectores estratégicos como la minería y el litio.

QUÉ DICE EL DECRETO

El Decreto Supremo 5619 abre una nueva etapa en el mercado de combustibles en Bolivia. La norma aprobada por el Gobierno redefine los mecanismos de control y fiscalización para la importación, almacenamiento y comercialización de gasolina, diésel y jet fuel, en medio de cuestionamientos por la calidad de los carburantes y la incertidumbre sobre el abastecimiento.

La disposición establece un nuevo Reglamento de Calidad de Carburantes y apunta a elevar las exigencias técnicas en toda la cadena hidrocarburífera. El objetivo oficial es garantizar combustibles más seguros y eficientes, además de modernizar la supervisión estatal en un contexto donde Bolivia depende cada vez más de carburantes importados.

Sin embargo, especialistas y actores del sector consideran que el decreto mejora los controles técnicos, pero no ataca el problema estructural del abastecimiento: la creciente dependencia de las importaciones y la falta de dólares para sostenerlas.

Nuevas exigencias

El DS 5619 incorpora procedimientos de análisis de laboratorio obligatorios para combustibles producidos, importados, transportados y comercializados en el país. La norma alcanza a gasolina, diésel, jet fuel y kerosene. Entre las principales novedades figuran:

La toma de muestras en distintos puntos de la cadena de comercialización; controles técnicos más rigurosos; obligación de análisis de calidad en laboratorios propios o tercerizados; implementación de sistemas de filtración en estaciones de servicio; digitalización de procedimientos administrativos y fiscalización y sanciones económicas que pueden llegar hasta 200.000 UFV por infracciones muy graves.

El reglamento también fija parámetros mínimos de calidad, como un octanaje de 85 para gasolina especial y 91 para gasolina súper. Además, exige determinadas características físicas del carburante para evitar adulteraciones o combustibles fuera de especificación.

La decisión gubernamental surge luego de meses de denuncias de usuarios y transportistas sobre gasolina desestabilizada, presencia de sedimentos y daños mecánicos en vehículos.