Durante los cuatro años transcurridos desde la creación de IFENERGHI, el mercado mexicano de combustibles atravesó una transformación que modificó las condiciones bajo las cuales operan las empresas privadas.

El sector no dejó de estar abierto a la participación de importadores, comercializadores, distribuidores, transportistas, operadores de almacenamiento y estaciones de servicio. Sin embargo, las reglas para desarrollar esas actividades cambiaron de manera significativa.

En el marco del cuarto aniversario de la firma, su CEO, Isidro Fernández, analizó la evolución del mercado y sostuvo que México pasó de una etapa centrada en la consolidación de la apertura iniciada en 2013 a un modelo con una conducción estatal más intensa.

La modificación no se produjo a partir de una única medida. Desde 2022, el sector incorporó mayores exigencias fiscales, controles volumétricos, requerimientos aduaneros y mecanismos de trazabilidad. A partir de 2025, el cambio adquirió una dimensión institucional con la nueva Ley del Sector Hidrocarburos y la creación de la Comisión Nacional de Energía.

Para Fernández, la principal diferencia es que la actividad privada dejó de evaluarse únicamente en función de su capacidad técnica, financiera o logística. La planeación energética pasó a tener un peso determinante en la autorización de nuevos proyectos.

“México pasó de discutir principalmente cómo abrir el mercado a discutir cómo ordenar, supervisar y asegurar el mercado”, resumió el ejecutivo a Surtidores Latam.

La nueva lógica implica que una empresa puede cumplir con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos exigidos para desarrollar una actividad y, aun así, necesitar demostrar que su proyecto es compatible con los objetivos de la política energética nacional.

Para el sector privado, esto modifica la forma de analizar una inversión. La disponibilidad de capital, la demanda, la infraestructura y la capacidad operativa continúan siendo factores relevantes, pero deben convivir con una nueva variable: la compatibilidad del proyecto con la planeación energética.

La evolución también se reflejó en la operación cotidiana de las empresas. Los controles volumétricos fiscales consolidaron la obligación de mantener una correspondencia entre los movimientos físicos de los combustibles y la información registrada en los sistemas fiscales y regulatorios.

Inventarios, facturación, pedimentos, entradas, salidas y existencias deben guardar consistencia. El cumplimiento dejó de ser una tarea administrativa separada de la operación y pasó a formar parte del funcionamiento cotidiano del negocio.

La misma tendencia se trasladó al comercio exterior. Los permisos de importación y exportación comenzaron a exigir mayor información sobre volúmenes, infraestructura, proveedores, clientes, logística y destino de los productos.

La medida buscó fortalecer la lucha contra el contrabando y las operaciones simuladas, pero también elevó las exigencias para las compañías que participan en el comercio internacional de petrolíferos.

El nuevo marco regulatorio también aumentó las consecuencias de determinadas inconsistencias. La imposibilidad de acreditar la procedencia lícita de un producto, los indicios de adulteración, el contrabando o determinados riesgos para la seguridad y el medio ambiente pueden derivar en suspensiones provisionales. El incumplimiento reiterado de obligaciones informativas, técnicas, fiscales o de calidad puede llevar a sanciones más severas.

Fernández consideró que este proceso modificó la naturaleza de las inspecciones. La autoridad puede llegar a una verificación con información previa sobre la actividad fiscal, volumétrica, comercial, aduanera, técnica y ambiental de una empresa.

Por eso, la revisión ya no se limita a comprobar si existe un permiso vigente. También puede analizar si la infraestructura coincide con lo autorizado, si los vehículos están habilitados, cuál es el origen del producto, cómo se comportan los inventarios y si la información fiscal, operativa y regulatoria resulta consistente.

“La mejor defensa frente a una inspección ya no es únicamente jurídica: es documental, técnica, operativa y digital”, afirmó el CEO de IFENERGHI.

El proceso de digitalización reforzó esta tendencia. Desde abril de 2026 comenzó a operar un nuevo complemento de facturación para hidrocarburos y petrolíferos que vincula los comprobantes fiscales con permisos vigentes.

Para las empresas, la consecuencia es que la trazabilidad pasó a ser una condición permanente de la actividad. Ya no alcanza con demostrar que existe autorización para comercializar un producto. También es necesario poder reconstruir su recorrido: de dónde provino, cómo fue transportado, dónde fue almacenado y cómo se reflejó cada movimiento en la documentación correspondiente.

En los últimos años, esta evolución llevó a las empresas más maduras a fortalecer sus estructuras internas de cumplimiento. Auditorías preventivas, expedientes electrónicos, protocolos para atender inspecciones y sistemas de conciliación entre información fiscal, operativa, regulatoria y ambiental forman parte de una nueva arquitectura empresarial.

A cuatro años de la creación de IFENERGHI, la lectura de su CEO es que el mercado mexicano no dejó atrás la participación privada, pero sí elevó las exigencias para quienes buscan operar en él.