Una nueva alerta se encendió en el sector de los combustibles colombiano. La Unión Gremial «Somos Uno«, que agrupa a las estaciones de servicio del país, presentó un análisis que proyecta un incremento acumulado de $1.942 por galón en la gasolina corriente y de $1.331 en el diésel (ACPM) hacia el cierre de 2028, como consecuencia directa del componente de combustibles incluido en el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria que impulsa el Ejecutivo.

El vocero gremial, David Jiménez Mejía, explicó que el estudio se construyó a partir de la estructura oficial de precios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) correspondiente a junio de este año, cruzada con el articulado que el Gobierno radicó el pasado 20 de julio ante el Congreso.

El primer golpe llegaría en enero de 2027

Según la proyección, el impacto no sería gradual ni lejano. El primer salto de precios se daría apenas arranque 2027: la gasolina pasaría de $16.291 a $17.151 por galón, un aumento de $860, mientras que el ACPM treparía $841, hasta ubicarse en $12.417.

De ahí en más, la escalada continuaría en etapas. En julio de 2027 entraría en juego un gravamen al alcohol carburante, y ya para enero de 2028 se sumaría el incremento del IVA al ingreso del productor, que treparía hasta el 19%. La combinación de ambas medidas completaría el salto proyectado hasta esos casi $2.000 adicionales por galón.

Tres objeciones de fondo

Durante la presentación, el dirigente gremial cuestionó el diseño de la iniciativa en tres frentes.

El primero tiene que ver con el origen real del recaudo. Mientras el Ejecutivo estima ingresos por $7,58 billones provenientes del IVA a los combustibles para 2028, el componente ambiental de la reforma apenas representaría $218 mil millones de ese total. Para el gremio, esa desproporción deja en evidencia que la etiqueta «ambiental» no refleja de dónde saldría realmente la plata. A esto se suma otro reparo: el proyecto gravaría con IVA al alcohol carburante y a los biocombustibles, pese a que la propia iniciativa los reconoce como productos que no forman parte de los combustibles fósiles.

El segundo cuestionamiento apunta al diseño técnico del tributo. Según Jiménez Mejía, la reforma rompería el principio del IVA plurifásico al excluir la venta minorista de ACPM, lo que convertiría al impuesto en un costo que no se podría descontar. «No sería un IVA descontable sino un impuesto en cascada que terminaría incorporándose al precio del transporte de carga, de los alimentos y de buena parte de la producción nacional», señaló el vocero. Esa cadena afectaría, entonces, no solo a las estaciones sino también a transportadores, al campo y a la industria en general.

El tercer punto pone en duda la eficacia ambiental de la medida. La experiencia reciente, sostuvo el gremio, demuestra que subir el precio de los combustibles no reduce de manera significativa el consumo. La conclusión: la reforma tendría un alto potencial recaudatorio, pero un efecto casi nulo sobre las emisiones que dice querer combatir.

El margen de las estaciones, en la mira

Otro de los focos de preocupación pasa por el IVA que recaería sobre el margen regulado de los puntos de venta. De acuerdo con el análisis, gravar ese margen implicaría unos $219 adicionales por galón, una cifra que a nivel agregado equivaldría a cerca de $928 mil millones anuales.

El vocero gremial fue enfático en marcar una diferencia con la lectura que hace el Ministerio de Hacienda: mientras la cartera oficial sostiene que ese costo se trasladaría al consumidor, buena parte de las estaciones no podrían hacerlo debido a la regulación de precios vigente. El resultado, advirtió, sería que muchos puntos de venta terminarían absorbiendo el impuesto, con la consecuente reducción de su margen operativo.

Cuatro pedidos antes de que avance la reforma

Lejos de plantear un rechazo cerrado, «Somos Uno» presentó cuatro ajustes puntuales que reclama incorporar antes de que el proyecto avance en el Congreso:

• Corregir el tratamiento tributario del ACPM para preservar el esquema plurifásico del IVA y evitar el efecto cascada.
• Mantener la exclusión del IVA para el alcohol carburante y los biocombustibles.
• Incorporar el IVA del margen minorista como un componente independiente dentro de la estructura oficial de precios.
• Postergar la expedición del Proyecto de Resolución CREG 704-015 hasta que el Congreso cierre el texto definitivo de la reforma.

«No nos oponemos a contribuir»

Jiménez Mejía cerró su intervención con un mensaje conciliador, aunque firme. Reconoció que el sector entiende la necesidad de fortalecer las finanzas públicas del país, pero pidió que las medidas no pongan en riesgo la sostenibilidad de la red de abastecimiento.

«No nos oponemos a contribuir, pero el diseño debe ser técnicamente correcto. El problema fiscal es real y no lo negamos. Estamos dispuestos a discutir cuánto debe aportar el sector. Lo que pedimos es que el impuesto se cobre donde el legislador decida cobrarlo y no donde una omisión de diseño lo termine depositando», planteó.

El dirigente remató con un dato que resume el riesgo territorial de la propuesta: en 226 municipios colombianos existe una sola estación de servicio. Si el margen deja de cubrir los costos de operación, advirtió, no habrá quién garantice el abastecimiento de combustibles en esas localidades.