La medida quedó formalizada a través del decreto 5697, que dispone la «intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal» de la gestión de YPFB, con el objetivo de proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia operativa y administrativa de la compañía. El plazo es de 180 días, prorrogable una sola vez por 90 más. Para eso se creó una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria integrada por los titulares de Economía y Finanzas Públicas, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Energías, y Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además del Viceministerio de Transparencia. La comisión deberá reconstruir la cadena logística de importación y distribución de carburantes, revisar el reparto de volúmenes entre estaciones de servicio y elaborar informes periódicos para el presidente, además de poder recomendar auditorías si detecta irregularidades. El decreto aclara que la medida no supone la desaparición de YPFB ni un cambio en su naturaleza jurídica.
«Las medidas anteriores no funcionaron»
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, justificó la decisión apuntando a las deficiencias logísticas en la importación y distribución de carburantes, que generan escasez y colas en los surtidores. «Las medidas regulares que se tomaron antes no funcionaron y es por eso que se ha tomado esta medida extraordinaria», reconoció, y agregó que espera resultados inmediatos: «no tenemos tiempo que perder».
YPFB responde: «seguimos funcionando con normalidad»
La petrolera estatal, por su parte, salió a bajarle el tono a cualquier lectura alarmista. Mediante un comunicado aclaró que Sebastián Daroca continúa como presidente de la entidad y que sus operaciones en toda la cadena de hidrocarburos siguen su curso habitual. También se comprometió a colaborar plenamente con la comisión, aportando «toda la información, documentación y colaboración requeridas», e insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar el suministro en todo el territorio.
Una crisis de arrastre
El abastecimiento de combustibles líquidos en Bolivia viene siendo irregular desde 2024, con vehículos esperando horas —a veces días— para poder cargar. El país importa un 60% de la nafta y un 95% del diésel que consume, con un desembolso semanal cercano a los 90 millones de dólares. A comienzos de este año, además, varios conductores reportaron fallas mecánicas atribuidas a la mala calidad de la nafta: YPFB confirmó residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento. Ese combo de fallas en la provisión y en la calidad ya había costado puestos: la propia dirección de YPFB tuvo tres presidentes distintos en apenas diez meses de gestión de Paz.
En paralelo, el Gobierno amplió de 120 a 2.500 litros mensuales el cupo de diésel subvencionado para pequeños productores, que seguirán pagando 9,80 bolivianos por litro. La medida busca responder al reclamo de campesinos de Santa Cruz que mantenían bloqueos de rutas, en contraste con los 18 bolivianos que pagan los grandes consumidores desde un decreto anterior que retiró parcialmente el subsidio. De todos modos, el malestar no se limita a los pequeños productores: sectores agroindustriales, productores y transportistas rechazan ese ajuste y amenazan con nuevas movilizaciones, a las que se suman grupos afines al expresidente Evo Morales.
