La quinta suba de los combustibles en Paraguay volvió a poner el foco sobre la situación de las estaciones de servicio. La Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines sostiene que cerca de 300 establecimientos dejaron de operar y que la red activa se redujo a unas 2.600 bocas.
El dato plantea una diferencia con el último registro de establecimientos habilitados. Según el listado correspondiente a marzo difundido por el Ministerio de Industria y Comercio, Paraguay contaba con 2.856 estaciones de servicio y 73 puestos de consumo propio, 2.929 establecimientos en total.
La comparación no permite afirmar que las 256 unidades de diferencia entre ambos registros sean estaciones definitivamente cerradas. Se trata de referencias distintas, ya que el MIC contabiliza establecimientos habilitados, mientras que Apesa habla de puntos que actualmente permanecen operativos.
El presidente de Apesa, Víctor Yambay, afirmó que cada incremento de precios obliga a destinar más capital de trabajo para mantener el negocio, al mismo tiempo que el volumen vendido disminuye.
En una estación de servicio, el combustible debe reponerse de manera permanente. Cuando el costo de adquisición aumenta, también crece el monto necesario para recomponer el inventario. Si el volumen comercializado no acompaña ese movimiento, el capital utilizado tarda más en recuperarse.
El problema no se limita al valor que paga el consumidor. También interviene la cantidad de producto que cada establecimiento consigue vender.
Miguel Velázquez, directivo de Apesa, explicó que el mercado paraguayo consume entre 300 y 320 millones de litros de combustibles por mes, distribuidos entre unas 23 empresas. También señaló que las condiciones de compra no son iguales para todos los operadores: influyen los plazos de pago, el crédito disponible, el volumen de stock y las necesidades de reposición.
Por eso, un mismo aumento internacional no necesariamente se traslada de la misma manera a todos los emblemas.
La presión se vuelve mayor cuando una estación pierde parte de sus ventas. Con menor movimiento, la recuperación del dinero destinado a la compra de combustible requiere más tiempo, mientras los costos de funcionamiento continúan.
Otro elemento señalado por Velázquez es la diferencia entre los momentos en que cada empresa actualiza sus precios.
Según el directivo de Apesa, Petropar suele mantener valores inferiores a los de las compañías privadas y realizar los ajustes en otro momento. Cuando existe una brecha, parte de la demanda puede trasladarse hacia las estaciones de la petrolera estatal.
El efecto no termina cuando los precios vuelven a acercarse. Velázquez explicó que recuperar a los clientes que cambiaron de estación puede demandar tiempo, por lo que el movimiento de precios también tiene consecuencias sobre el volumen comercial de cada operador.
Para las estaciones privadas, esto introduce otra variable en la decisión de trasladar los mayores costos al surtidor. Cabe destacar que algunos emblemas privados incrementaron entre G. 600 y G. 700 por litro el precio del diésel, mientras que las naftas registraron ajustes de entre G. 450 y G. 500. Según la estimación, el diésel debería aumentar entre G. 1.000 y G. 1.200 por litro para reflejar los costos internacionales.
Antes de los últimos ajustes, el diésel Tipo III se comercializaba en estaciones privadas en torno a G. 8.290–8.490 por litro, mientras el costo de reposición se ubicaba por encima de G. 9.200. Esa diferencia explica parte de la presión acumulada sobre los operadores.
Puma, Petrobras y Petromax aplicaron nuevos valores durante los últimos días, mientras otras marcas analizaban sus próximos movimientos.
El MIC mantiene herramientas específicas para seguir la evolución de la red, entre ellas el Observatorio del Mercado de los Combustibles y el Mapa Interactivo de Estaciones de Servicios. El organismo también registra por separado las habilitaciones, los cambios de operador y los cambios de emblema.
Por eso, la diferencia entre las 2.856 estaciones habilitadas y las aproximadamente 2.600 operativas mencionadas por Apesa no puede interpretarse automáticamente como 256 cierres definitivos.
Para determinar cuántos establecimientos dejaron efectivamente de funcionar sería necesario contar con una actualización oficial que permita comparar las habilitaciones con el estado operativo de cada punto.
Apesa pidió al Gobierno y al sector privado trabajar en un plan de contingencia frente al momento actual. Yambay advirtió que las consecuencias pueden extenderse hacia el transporte, la logística, las plataformas de movilidad y la producción agrícola.
