La Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE Perú) puso sobre la mesa 12 desaciertos que, a su juicio, han limitado el avance de la movilidad eléctrica en el país durante los últimos nueve años. El diagnóstico reúne problemas vinculados con la falta de una política nacional, infraestructura, financiamiento, normativa e incentivos para acelerar la adopción de vehículos eléctricos.
Uno de los principales puntos señalados es la ausencia de una Ley de Electromovilidad aprobada por consenso. Según AEDIVE Perú, distintas instituciones y organizaciones, entre ellas el MTC, ATU, MINEM, la propia asociación y la AAP, impulsaron iniciativas, pero ninguna logró traducirse en una legislación que establezca un marco integral para el desarrollo del sector.
El transporte público también aparece entre las principales materias pendientes. La asociación cuestionó que la ATU y Promovilidad no hayan convocado licitaciones para buses eléctricos. Actualmente, señala, existe un bus BYD operando en el Corredor Rojo, mientras que proyectos planteados para Pucallpa, Arequipa y otras rutas piloto permanecen en cartera.
A esto se suma, según AEDIVE Perú, la influencia que tuvo el gas natural en las decisiones vinculadas con el transporte. La entidad sostiene que el lobby y la presión de empresas e instituciones relacionadas con esta tecnología han dificultado el despliegue de la movilidad eléctrica, pese a que existió voluntad política en distintos momentos para avanzar.
En materia de infraestructura, el diagnóstico apunta contra la dependencia de consultorías, estudios y programas piloto que no lograron traducirse en proyectos de mayor escala. También cuestiona la falta de una red nacional de carga rápida en corriente continua, así como la ausencia de licitaciones para instalar infraestructura desde Tumbes hasta Tacna.
La asociación también advierte sobre problemas técnicos que persisten en el despliegue de cargadores. Entre ellos menciona la instalación de equipos de corriente alterna sin la correspondiente puesta a tierra, una condición que considera no negociable. También señala que todavía no se definieron de manera suficiente aspectos como la señalética y el pintado de plazas destinadas a la carga de vehículos eléctricos.
El financiamiento constituye otro de los puntos observados. AEDIVE Perú sostiene que todavía no se ha diseñado un mecanismo viable para que los operadores de transporte público puedan afrontar inversiones, reducir su nivel de endeudamiento y ampliar los plazos de sus autorizaciones. En paralelo, cuestiona que no se haya materializado ningún proyecto relevante de movilidad eléctrica mediante FONELEC ni iniciativas importantes vinculadas con bonos de carbono.
Finalmente, AEDIVE Perú incluye entre los pendientes el uso del término “electrificados”, al considerar que genera confusión entre los usuarios, y la falta de una normativa viable para las conversiones de vehículos a propulsión eléctrica. La asociación también critica que el chatarreo sea planteado como una solución principal y sostiene que, al ser voluntario, no garantiza por sí solo el reemplazo de tecnología antigua por alternativas más eficientes.
