La petrolera estatal confirmó que no puede acceder al dinero que mantenía en la entidad financiera, sometida a un procedimiento de resolución del Banco Central. Aunque el monto reclamado todavía no fue confirmado oficialmente, la prensa local estima que rondaría los 40.000 millones de guaraníes. La situación también pone bajo la lupa una alianza comercial que desde 2023 ofrecía reintegros por compras de combustibles en estaciones de servicio.
La crisis de Ueno Bank sumó este viernes un nuevo frente con consecuencias directas para el sector energético paraguayo. Petróleos Paraguayos (Petropar) presentó una denuncia penal contra los directores, gerentes y otros responsables de la firma, luego de informar que no puede disponer de los recursos depositados. La medida busca proteger el patrimonio de la empresa pública y abrir una vía judicial para recuperar el capital, en medio de un proceso de intervención que ya involucra al regulador, al Ministerio Público y a otras instituciones del Estado.
El caso adquiere una dimensión particular porque la estatal no era únicamente cliente de la institución intervenida. Ambas partes mantenían desde 2023 un acuerdo comercial basado en beneficios a los consumidores que cargaban combustibles en las estaciones del emblema público. Así, una controversia que comenzó en el ámbito bancario alcanza también a un vínculo que, según la propia compañía, había contribuido a dinamizar las ventas y fidelizar clientes.
En su comunicado, Petropar informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión de estafa, lesión de confianza y otros hechos punibles. También solicitó medidas cautelares para salvaguardar sus activos. Las acusaciones deberán ser investigadas por la Fiscalía y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidades.
La petrolera añadió que el 4 de noviembre presentó una nota ante la Superintendencia de Bancos para solicitar la certificación oficial de los saldos que mantenía en la entidad y que se arbitren los mecanismos y trámites legales necesarios para recuperar los fondos.
El importe comprometido todavía es una de las principales incógnitas. Según publicó ABC Color este viernes, las colocaciones de Petropar en Ueno Bank rondarían los 40.000 millones de guaraníes. Sin embargo, el medio aclaró que el presidente de la empresa, William Wilka, no confirmó oficialmente esa cifra ni brindó detalles sobre el saldo reclamado. Por lo tanto, el número debe considerarse una estimación periodística y no un dato definitivo de la compañía.
La falta de información precisa deja abiertas preguntas relevantes sobre la exposición financiera del ente estatal, el origen de los recursos colocados y la proporción que representan respecto de su disponibilidad de caja. También impide determinar, por ahora, si la imposibilidad de acceder al dinero tendrá consecuencias sobre los compromisos operativos de la petrolera.
El punto central es que la empresa pública reconoce que no puede disponer de esos saldos. No se trata, por tanto, de una mera disputa comercial entre dos compañías, sino de una situación que obliga a determinar cuánto capital está comprometido, qué mecanismos permitirán recuperarlo y qué efectos podría tener su inmovilización sobre la gestión financiera de la petrolera.
La denuncia se produce tres días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión fue adoptada por unanimidad por el directorio del organismo, mediante una resolución del 2 de noviembre, después de constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
Este marco, previsto en la legislación paraguaya sobre garantía de depósitos y resolución de entidades financieras, busca determinar la situación patrimonial del banco, preservar sus activos y ejecutar las medidas necesarias para atender ordenadamente la coyuntura. El BCP también señaló que el caso responde a una situación particular de la entidad y que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.
La intervención regulatoria, sin embargo, no significa que todos los saldos estén automáticamente perdidos. El proceso debe determinar los activos disponibles, las obligaciones de la entidad y los mecanismos aplicables para proteger a los ahorristas. Para Petropar, la recuperación de los recursos dependerá del tratamiento que corresponda a sus acreencias y de las actuaciones que se desarrollen dentro de ese procedimiento.
El régimen paraguayo establece una garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales por titular y entidad financiera, equivalente a 228.300.000 guaraníes según el comunicado del BCP del 3 de noviembre. La cobertura se aplica por persona física o jurídica y no por cada cuenta individual. El organismo también informó que procurará la mayor protección posible de los montos que excedan el límite cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos.
En este escenario, la situación de Petropar presenta una diferencia sustancial respecto de la de un pequeño ahorrista: el importe atribuido a sus colocaciones supera ampliamente el límite de cobertura, si la estimación publicada se confirma. No obstante, todavía no se conoce el saldo oficial ni puede establecerse qué parte sería recuperable mediante cada vía legal.
La crisis tampoco se limita a la petrolera. El caso de Ueno Bank abrió investigaciones sobre la colocación de fondos públicos en la entidad y las actuaciones de autoridades y exautoridades estatales. El 5 de noviembre, la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de tres causas penales para investigar hechos relacionados con la supervisión y resolución del banco, los recursos depositados y las actuaciones de distintas instituciones.
Además, el Ministerio Público informó el 4 de noviembre que imputó a 27 personas vinculadas a Ueno Bank y empresas relacionadas por presuntas irregularidades financieras. La investigación examina operaciones crediticias realizadas durante 2025 y 2026, entre ellas préstamos y sobregiros que, según la hipótesis fiscal, habrían presentado deficiencias en la evaluación de riesgos, garantías y documentación.
El requerimiento fiscal menciona saldos pendientes de aproximadamente US$ 166,98 millones y 343.157 millones de guaraníes correspondientes a las operaciones examinadas. Esos importes forman parte de la investigación sobre los créditos y no deben confundirse con los reclamos atribuidos a Petropar. La causa continúa en etapa investigativa y las responsabilidades deberán determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
La colocación de recursos públicos en el banco se convirtió así en uno de los ejes de la controversia. Para las instituciones afectadas, el desafío inmediato consiste en establecer la magnitud de los fondos comprometidos y las posibilidades de recuperación. Para los organismos de control, la investigación deberá esclarecer qué información financiera estaba disponible, cómo se tomaron las decisiones de depósito y si existieron irregularidades en la gestión o supervisión de la firma.
En el caso de Petropar, además del dinero depositado, existe otra dimensión que interesa directamente a los empresarios estacioneros: la alianza comercial con Ueno Bank.
Desde 2023, ambas partes ofrecían beneficios económicos a los usuarios que utilizaban tarjetas de la entidad financiera para cargar combustibles en estaciones del emblema. Los reintegros podían alcanzar hasta el 50% en determinadas compras, de acuerdo con la información publicada por ABC Color.
El esquema permitía al banco promover el uso de sus medios de pago y a la petrolera atraer consumidores a sus estaciones. En su comunicado, Petropar afirmó que durante la vigencia del acuerdo logró incrementar las ventas de combustibles y ampliar la preferencia del público.
La crisis introduce interrogantes sobre la continuidad de esa relación, el tratamiento de las operaciones pendientes y el efecto que podría tener la interrupción o modificación de las promociones sobre la captación de usuarios. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación suficiente para afirmar que la alianza haya sido formalmente cancelada o que todas las promociones hayan quedado suspendidas.
