El gas licuado de petróleo ocupa un lugar clave en la matriz energética de América Latina. Su capacidad para llegar a zonas alejadas de los grandes centros urbanos, abastecer a las familias y acompañar distintas actividades productivas lo convierte en una fuente difícil de reemplazar en numerosos mercados de la región. Sin embargo, su presencia en los debates sobre descarbonización no siempre refleja la importancia que tiene en la vida cotidiana de millones de personas.
Desde la Asociación Iberoamericana de GLP sostuvieron a Surtidores que la región enfrenta el desafío de avanzar hacia matrices más limpias sin comprometer la seguridad del suministro, la competitividad económica ni el acceso de la población a fuentes modernas. En ese proceso, el GLP debería ser reconocido como parte de las soluciones disponibles, en especial en territorios donde otras alternativas presentan limitaciones severas de infraestructura o costos.
Entre sus mayores ventajas destaca la flexibilidad logística. A diferencia de las fuentes que dependen de redes extensas de distribución, este gas puede almacenarse, transportarse y comercializarse mediante esquemas versátiles, lo que permite atender a comunidades rurales y áreas geográficamente dispersas.
La AIGLP también remarcó su potencial para sustituir combustibles sólidos. En esos casos, la sustitución reduce de forma considerable la exposición a contaminantes y mejora las condiciones sanitarias de la población.
No obstante, se reconoce que se trata de un recurso de origen fósil y que su combustión genera emisiones de efecto invernadero. Por ello, el planteo apunta a que las políticas públicas no evalúen únicamente la huella de carbono, sino también las condiciones económicas, sociales y estructurales de cada país.
Más allá de la transición energética, la asociación identifica otro factor crítico que golpea de lleno a las empresas del sector.
En distintos países de América Latina, las compañías formales deben asumir rigurosas obligaciones vinculadas con seguridad, calidad, mantenimiento de instalaciones, capacitación laboral, cumplimiento tributario y defensa del consumidor.
Existen operadores que actúan al margen de la ley mediante prácticas como la venta irregular y la manipulación indebida de cilindros.
Este problema acarrea un doble perjuicio: por un lado, incrementa los riesgos de accidentes para los usuarios y compromete la seguridad de la cadena de distribución; por el otro, distorsiona el mercado, ya que los actores informales evaden costos que las firmas registradas deben absorber.
El sector cuestiona que la respuesta oficial suela limitarse a dictar nuevas normativas. A su entender, antes de ampliar las exigencias resulta indispensable fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y verificar si los organismos de control cuentan con capacidad operativa.
“Una regulación más extensa no necesariamente significa una regulación más eficaz”, plantea la organización.
La industria requiere desembolsos constantes en cilindros, plantas de almacenamiento, flotas de transporte, mantenimiento preventivo, tecnología y capacitación de personal.
Para viabilizar esas inversiones, resulta indispensable contar con marcos jurídicos estables, previsibilidad institucional y rentabilidad operativa.
En ese sentido, la libre competencia debe articularse con una fiscalización rigurosa y reglas claras. El propósito no es relajar los estándares técnicos ni limitar la supervisión estatal, sino evitar que las empresas formales queden en desventaja frente a la ilegalidad.
La postura institucional no plantea al GLP como un rival excluyente de la electrificación o de las fuentes renovables. Por el contrario, promueve integrarlo a un esquema diversificado donde cada alternativa cumpla un rol según las necesidades y posibilidades de cada territorio.
