Desde los primeros días del Gobierno de Gustavo Petro se hizo enfoque en la importancia de la transición energética a nivel nacional. A partir de esto, el país se encuentra en medio de un debate sobre el rol de los combustibles líquidos derivados del petróleo en este proceso. 

Al respecto, Surtidores LATAM consultó a Santiago Martínez Pinto, abogado experto en el sector de los combustibles líquidos derivados del petróleo y Oil & Gas y fundador de Faroo Legal quien advirtió sobre la falta de incentivos regulatorios y políticos para los empresarios que buscan apostar por combustibles más limpios.

Según el referente, el enfoque actual del gobierno plantea riesgos no solo para la industria, sino también para el equilibrio fiscal del país. En ese sentido, señaló que la administración tiene como objetivo cumplir con las metas de cero emisiones para 2030 y 2050, lo cual considera necesario.

Sin embargo, criticó que la estrategia adoptada sea “totalmente disruptiva” y carezca de una hoja de ruta clara. “El gobierno percibe a los combustibles líquidos derivados del petróleo como un veneno, y así lo ha expresado abiertamente”, afirmó.

Uno de los principales problemas, según el experto, es la ausencia de señales regulatorias claras y de políticas de incentivos. “No existen fondos de transición ni políticas que permitan a los empresarios de combustibles tradicionales migrar hacia energías más limpias. Esto se quiere hacer abruptamente, incluso en contra del equilibrio fiscal del país, que depende en gran medida de los ingresos derivados de los hidrocarburos”, explicó Martínez.

En esa línea, comentó que la industria de los combustibles líquidos ha realizado inversiones multimillonarias para cumplir con las estrictas regulaciones ambientales, de almacenamiento, transporte y tecnología.

Según el abogado, estas inversiones están diseñadas para amortizarse a largo plazo, y un cambio abrupto hacia nuevos modelos energéticos genera incertidumbre. “¿Quién se va a hacer cargo de las inversiones no amortizadas? Ese es el dilema para los empresarios”, cuestionó.

“Se quiere hacer abruptamente la transición energética, aún en contra del mismo equilibrio fiscal de Colombia, ya que los ingresos fiscales dependen en gran medida de la producción de hidrocarburos. Los combustibles líquidos derivados del petróleo deberían ser vistos como aliados y no como enemigos”, resumió Martínez.