Para muchos, el avance hacia una movilidad eléctrica efectiva en el Perú requiere un enfoque integral que combine la infraestructura necesaria con políticas de apoyo claras como incentivos adecuados, programas de financiamiento, educación, y colaboración entre los distintos sectores.
En ese sentido, durante los primeros meses del año, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N° 036-2023-EM, estableciendo el Reglamento para la Instalación y Operación de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica.
De esta manera, se incorporó un marco regulatorio para orientar a los diferentes actores involucrados en la creación y mantenimiento del equipamiento necesario para la circulación en vehículos eléctricos.
Al respecto, Surtidores LATAM dialogó con Bruno Mazzotti Gamarra, gerente comercial de Germania Automotriz SAC, taller que realiza el servicio posventa de vehículos eléctricos, quien compartió su visión.
En primer lugar, el referente consideró que, aunque el reglamento es un paso positivo, es solo una parte de lo que se necesita para impulsar de manera significativa la electromovilidad en el país.
“Constituye una base importante, pero tiene que haber conversación entre las empresas comercializadoras de electricidad y los importadores de autos, para que en forma conjunta, puedan desarrollar más puntos”, comentó.
Asimismo, también destacó la situación de los taxistas en Lima como un ejemplo relevante. Según explicó, en la ciudad, estos trabajadores han pasado de utilizar vehículos a combustión a optar por alternativas más limpias como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural (GNV), impulsados en gran medida por incentivos estatales.
Este proceso de adaptación, según Mazzotti Gamarra, muestra la capacidad de los trabajadores de los taxis para cambiar según las circunstancias económicas y las políticas gubernamentales.
“Me pregunto, hablando del retrofit o de la conversión de autos eléctricos, ¿por qué el Estado también no fomenta o da incentivos para convertir un auto a combustión a uno eléctrico?”, mencionó el especialista.
Por último, argumentó que dicha ayuda podría tener un impacto significativo en la economía y el medio ambiente. Aseguró que una política de este tipo no solo ayudaría a reducir las emisiones de gases contaminantes, sino que también beneficiaría a los taxistas al disminuir drásticamente sus costos operativos. “Les permitiría a muchas familias tener una mejor calidad de vida o mayores ingresos”, resumió Mazzotti Gamarra.
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