El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N° 036-2023-EM, estableciendo el Reglamento para la Instalación y Operación de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica. 

La medida establece un marco regulatorio crucial para orientar a los diferentes actores involucrados en la creación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la circulación a nivel nacional de los vehículos eléctricos.

Según expresaron desde el organismo a través de un comunicado, se busca fomentar su introducción y su correspondiente carga, con el objetivo de reducir la dependencia de hidrocarburos, mejorar la balanza comercial y contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

El reglamento establece requisitos mínimos para la instalación, operación, seguridad y mantenimiento de las infraestructuras de carga. Especifica que estas deben permitir una transferencia segura de energía a los vehículos eléctricos en condiciones normales de uso, minimizando riesgos y garantizando la confiabilidad de la operación. Asimismo, el documento también marca la diferencia entre los puntos de acceso privado y público.

Por otro lado, se estableció que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y las municipalidades sean designadas como las entidades responsables de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las respectivas normas, lo que significa que garantizará que las instalaciones de carga cumplan con las regulaciones a nivel local y nacional.. 

Tiempo atrás, César Alfredo Peña Ramos, consultor en Energías Renovables, Electromovilidad e Hidrógeno Verde, había destacado en diálogo con Surtidores LATAM la ausencia de regulaciones como un desafío para el progreso en la movilidad eléctrica.

El experto había remarcado la necesidad urgente de marcos regulatorios que respalden la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, identificando un vacío en las normativas necesarias para su desarrollo en el país.

Uno de los puntos clave que resaltó fue la falta de intervención por parte del Estado. “No se han proporcionado aportes normativos y regulatorios de la infraestructura necesaria para la promoción y desarrollo de los vehículos eléctricos”, había señalado.