América Latina y el Caribe enfrentan un desafío que va más allá de incorporar nuevas fuentes. Garantizar la capacidad necesaria para acompañar el crecimiento económico y la transformación de sus sistemas productivos. Ese planteo atraviesa la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, que comenzó este martes en Santo Domingo y se extenderá hasta el 9 de octubre.
El encuentro reúne a representantes de los 27 países miembros, autoridades, compañías, organismos multilaterales, universidades y jóvenes, con una agenda que incluye redes, financiamiento, almacenamiento, interconexiones, gas, reducción de emisiones y acceso a los servicios básicos.
Durante la apertura, el ministro de Energía y Minas de República Dominicana, Joel Santos, sostuvo que los recursos disponibles en la región pueden convertirse en una herramienta de desarrollo si existe una mayor coordinación entre los mercados.
“Necesitamos más integración, más inversión, más innovación y más cooperación energética regional”, afirmó.
El planteo cobra relevancia ante la rápida transformación de las matrices eléctricas. En 2025, el 67 % de la electricidad provino de fuentes renovables. Pero una participación creciente de estas tecnologías también requiere reforzar las redes, incorporar sistemas de almacenamiento y disponer de respaldo suficiente para responder a las variaciones de producción.
Para OLACDE, uno de los principales objetivos consiste en avanzar desde iniciativas nacionales hacia una infraestructura con mayor conexión entre países.
El secretario ejecutivo del organismo, Andrés Rebolledo, sostuvo que la meta regional es la interconexión y señaló que para alcanzarla serán necesarias obras, capital y un marco de cooperación con reglas que permanezcan en el tiempo.
Una mayor vinculación entre mercados permitiría intercambiar excedentes, atender situaciones de déficit y mejorar la respuesta ante interrupciones o fenómenos climáticos extremos.
La discusión también alcanza al gas. Su integración aparece como una alternativa para diversificar las fuentes disponibles, acompañar la expansión industrial y respaldar los sistemas eléctricos durante períodos de mayor consumo.
República Dominicana presentó durante la apertura parte de su proceso de expansión. Su capacidad instalada pasó de 4921 MW en 2020 a 7120 MW en 2025, mientras que los proyectos solares y eólicos se cuadruplicaron hasta superar los 2000 MW.
El país proyecta alcanzar unos 2800 MW renovables y contar con al menos 800 MW de almacenamiento para 2028. A estas iniciativas se sumarán proyectos de generación firme destinados a cubrir el aumento previsto en el consumo y preservar la estabilidad del sistema.
La electrificación del transporte, la industria y otros sectores podría incrementar todavía más esa presión durante los próximos años.
La evolución del parque automotor, la incorporación de vehículos eléctricos, el comportamiento de la demanda de combustibles y la eventual expansión de nuevas alternativas exigirán adaptar infraestructura y servicios.
A la vez, una mayor integración de los mercados de gas y electricidad puede incidir sobre los costos operativos, la disponibilidad de productos y las oportunidades para diversificar el negocio. Por eso, las decisiones que hoy se discuten a nivel regional terminarán teniendo impacto en el punto de venta, donde convivirán durante los próximos años los combustibles tradicionales con nuevas formas de movilidad y abastecimiento.
Asimismo, la magnitud de las obras necesarias coloca al capital entre los asuntos centrales del encuentro. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF y GET.transform participan como coorganizadores de una agenda que también analiza mecanismos para movilizar inversiones.
La agenda incorpora además la reducción de emisiones de metano y la pobreza energética, dos cuestiones que atraviesan las políticas públicas de la región.
En el Caribe, la resiliencia frente a fenómenos climáticos ocupa un lugar particular, especialmente en mercados insulares que deben garantizar continuidad ante eventos capaces de afectar simultáneamente infraestructura y logística.
