Paz Pereira, asumirá el poder el próximo 8 de noviembre con una agenda marcada por la urgencia de resolver la profunda crisis de combustibles que afecta al país desde hace más de dos años. La escasez de nafta y diésel provocaron largas filas de consumidores y transportistas, que en algunos casos esperan hasta tres días para conseguir combustible, una situación que paraliza la actividad económica y pone en jaque al transporte de bienes y servicios.

Hace apenas unas horas él mismo anunció que, como parte de su plan de emergencia, reanudará relaciones diplomáticas con Estados Unidos, interrumpidas desde 2008, y gestionará apoyo de países vecinos como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. La coordinación internacional apunta a garantizar un suministro estable de hidrocarburos en los primeros meses de su mandato, mientras se implementan medidas de ajuste interno.

Según explicó el presidente electo, las conversaciones se centraron en la posibilidad de asistencia técnica y logística para asegurar la llegada de combustibles, recursos que Bolivia actualmente importa debido a la limitada capacidad de refinación interna y a restricciones en la oferta de gas natural, esencial para la generación eléctrica y la producción de ciertos combustibles derivados.

La crisis boliviana tiene raíces en un sistema de subsidios históricos que mantiene los precios de los combustibles muy por debajo de su valor real. Actualmente, el litro de nafta cuesta 3.72 bolivianos, aproximadamente 0,50 dólares, mientras que el diésel subvencionado genera distorsiones de mercado que obligan a transportistas y particulares a realizar largas colas para acceder a precios preferenciales. 

Rodrigo Paz adelantó que su gobierno eliminará estos subsidios, lo que podría duplicar el precio de los combustibles, llevando el litro de nafta a más de un dólar, y permitirá que el mercado funcione con mayor eficiencia y previsibilidad.

Pablo Díaz Gómez de Enterría, experto del sector energético, señaló a Surtidores Latam, que el país depende casi en su totalidad del gas natural para la generación de electricidad y producción industrial, y que las reservas actuales podrían agotarse entre 2028 y 2030. Esto obliga a buscar alternativas en la matriz energética para garantizar la continuidad del suministro y reducir la vulnerabilidad ante shocks externos. 

Además, la importación de combustibles subsidiados implica una presión sobre las reservas de divisas y limita la capacidad del Estado para intervenir en otros sectores de la economía. La eliminación de subsidios representa un “volantazo económico” que podría generar tensiones sociales, pero según el equipo del presidente electo, es un paso necesario para estabilizar el suministro. 

Las proyecciones indican que, si se consolidan los acuerdos internacionales y se normaliza la importación de hidrocarburos, Bolivia podría garantizar abastecimiento para los próximos seis meses, aliviando temporalmente la presión sobre la población y el sector transporte.