Bolivia dio un nuevo paso en la transformación de su mercado de combustibles. El Decreto Supremo 5676 introdujo un esquema diferenciado para el diésel, manteniendo el precio de Bs 9.80 por litro para transportistas y usuarios que se encuentran dentro del régimen general, mientras que los grandes consumidores, clientes directos y usuarios directos pasan a un precio referencial inicial de Bs 18.
El incremento alcanza aproximadamente al 84% respecto del valor de Bs 9.80, aunque no constituye un aumento generalizado para todos los consumidores. El nuevo valor busca reducir la carga fiscal que representa la importación de combustibles para YPFB y avanzar hacia un precio vinculado con las condiciones internacionales.
El decreto establece además un límite de 120 litros mensuales para la adquisición de diésel fuera del tanque del vehículo en las estaciones de servicio. Los usuarios que necesiten mayores volúmenes deberán acceder a otros canales de abastecimiento previstos por la normativa.
La decisión tiene una lectura que excede al mercado interno. Durante años, el diferencial entre los precios bolivianos y los vigentes en los países vecinos convirtió al combustible subsidiado en una fuente de negocio para redes de contrabando y reventa.Ahora el Gobierno busca modificar precisamente esa ecuación.
El Ejecutivo sostiene que se detectaron desvíos de combustible adquirido a precio subvencionado para su posterior comercialización a valores superiores, tanto dentro como fuera del país. La nueva estructura pretende separar el consumo habitual de los grandes demandantes y evitar que empresas o intermediarios puedan acceder al producto subsidiado para luego capturar esa diferencia.
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos consideró necesaria la medida y sostuvo que Bolivia no podía continuar importando y vendiendo a grandes industrias y consumidores a precios subsidiados. Según explicó, esos valores deberían fluctuar de acuerdo con el mercado internacional.
Pero el analista también puso el foco en uno de los principales riesgos del nuevo esquema: la existencia de dos precios puede incentivar nuevas maniobras para acceder al combustible más barato.
Ríos advirtió que algunos grandes consumidores podrían intentar presentarse como pequeños usuarios para continuar comprando diésel subvencionado. Por eso, señaló que el control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de los organismos encargados de la fiscalización será determinante.
Bolivia comparte fronteras con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, y durante los años de fuertes subsidios el diferencial de precios generó incentivos para sacar combustible del país y comercializarlo en mercados vecinos.
El nuevo esquema busca reducir ese arbitraje. Si el precio interno se aproxima a las referencias internacionales, disminuye el margen que hacía rentable trasladar diésel boliviano hacia otros territorios.
Sin embargo, el problema no desaparece únicamente modificando el precio. La existencia de un valor de Bs 9.80 para determinados usuarios y otro de Bs 18 para grandes consumidores deja una brecha de Bs 8.20 por litro. Esa diferencia puede convertirse en un nuevo incentivo para la intermediación ilegal si los controles no consiguen impedir que combustible destinado a un segmento termine en otro.
Por eso, la discusión sobre el contrabando empieza a trasladarse desde la frontera hacia el interior de la cadena de comercialización.
Las estaciones de servicio adquieren una importancia mayor, deberán controlar volúmenes, identificar consumidores y limitar determinadas operaciones fuera de tanque. La trazabilidad deja de ser solamente una herramienta de fiscalización y pasa a formar parte del mecanismo mediante el cual el Gobierno intenta proteger el combustible que continúa subsidiado.
La medida también puede tener efectos sobre la competitividad de sectores productivos bolivianos. El agro, la minería, la industria y otras actividades que demandan grandes volúmenes enfrentarán un costo superior.
Ríos señaló que el impacto inflacionario general debería ser moderado porque el transporte mantiene el precio regulado, aunque reconoció que el aumento tendrá incidencia sobre los costos de producción de los grandes consumidores y podría trasladarse parcialmente a tarifas y precios.
Una reducción del combustible boliviano subsidiado disponible para el contrabando podría aliviar la presión sobre determinados mercados fronterizos y reducir un flujo ilegal que durante años estuvo asociado a la diferencia de precios.
El Decreto 5676 se suma a la decisión del Gobierno de habilitar la importación privada de combustibles y al anuncio de una reestructuración del sistema regulatorio.
El Ejecutivo también anticipó el cierre de la actual ANH y la creación de una nueva entidad de regulación. A esto se agrega la intención de modificar YPFB dentro de la cadena de comercialización.
Para las Estaciones de Servicio, el cambio implica asumir un papel más relevante en el control del producto. Para los grandes consumidores, supone afrontar una estructura de costos diferente.
