El gobierno de Bolivia dio un giro histórico en su política energética al anunciar en el día de ayer el retiro de la subvención a los combustibles, una medida que marca el fin de un esquema vigente por más de 20 años y que tiene implicaciones que trascienden las fronteras del país andino.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, declaró la “emergencia económica, financiera, energética y social”, al sostener que Bolivia ya no podía seguir funcionando “con normas de las últimas dos décadas”. En un mensaje televisado, el mandatario calificó la decisión como una “medida histórica de salvataje de la patria”, orientada a estabilizar la economía, garantizar el abastecimiento energético y recuperar previsibilidad en el mercado de los hidrocarburos.

Durante los últimos años, Bolivia mantuvo precios internos fuertemente subsidiados para la gasolina y el diésel, con valores en torno a los 0,53 dólares por litro. Ese esquema representaba un costo fiscal superior a los 2.000 millones de dólares anuales y, según datos oficiales, hoy demanda más de 56 millones de dólares por semana para sostener el abastecimiento interno.

Con la entrada en vigencia del decreto presidencial, se anunciaron nuevos precios: la gasolina especial pasará a costar 6,96 bolivianos por litro (alrededor de 1 dólar), la premium 11 bolivianos (1,58 dólares), el diésel 9,80 bolivianos (1,40 dólares), mientras que los combustibles aeronáuticos también registraron fuertes ajustes. La única excepción será el gas en garrafa, que mantendrá su precio subsidiado en 22,50 bolivianos.

La medida llega luego de meses marcados por problemas de abastecimiento, con largas filas en Estaciones de Servicio y dificultades logísticas para garantizar el suministro de diésel y gasolina, un escenario que comenzó a moderarse tras el cambio de gobierno.

A nivel regional, el debate boliviano es seguido con atención por actores del sector energético. En diálogo con Surtidores, Pablo Díaz Gómez de Enterría, director de Vivestar S.A., señaló que Bolivia enfrenta un escenario estructuralmente complejo, marcado por su alta dependencia del gas natural y un sistema de subsidios que distorsionan el mercado interno. “Si no se descubren nuevas reservas, el suministro de gas podría agotarse entre 2028 y 2030. Eso obliga a pensar alternativas que diversifiquen la matriz energética”, advirtió. 

En este sentido, el gobierno boliviano aceleró gestiones diplomáticas con Estados Unidos y organismos internacionales para asegurar financiamiento y destrabar la importación de combustibles. 

Cabe destacar que este giro contrasta con la política energética de la gestión anterior, atravesada por la caída en la producción de petrolíferos, la pérdida de ingresos por exportaciones y un volumen de subsidios que se volvió inviable en un país con reservas internacionales en descenso.