El anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación del subsidio al diésel para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos puso en alerta al gremio de los distribuidores minoristas de combustibles.

En diálogo con Surtidores LATAM, Raúl Fragozo, presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos , advirtió que la propuesta de cobrar precios diferenciados según el tipo de vehículo en una misma estación de servicio es “inviable en las condiciones actuales”.

Aunque Fragozo reconoció que la medida parte de una intención fiscal y ambiental legítima, criticó que se “ignora por completo las limitaciones físicas, tecnológicas y operativas” del sector minorista, especialmente en Estaciones de Servicio pequeñas y medianas, que son mayoría en el país. En su opinión, la propuesta no tiene viabilidad técnica ni operativa sin una transformación estructural profunda.

Uno de los principales obstáculos es la infraestructura unificada de tanques y surtidores. La mayoría de gasolineras cuenta con un solo tanque de ACPM y surtidores comunes para todo tipo de vehículo, lo que hace imposible diferenciar el precio por cliente sin una inversión millonaria en tanques separados, válvulas selectivas o surtidores adicionales.

A esto se suman las limitaciones de software y facturación. Según el presidente del gremio, las plataformas actuales no están diseñadas para discriminar, en tiempo real, entre un vehículo particular y uno de servicio público. Para ello, se necesitaría integrar bases de datos externas como el RUNT o la DIAN, desarrollar validaciones en surtidor y modificar los formatos de facturación electrónica.

Otro punto crítico es la ausencia total de capacitación. FENDIPETRÓLEO remarcó que el regulador no emitió lineamientos técnicos, manuales operativos ni programas de formación para que los distribuidores puedan aplicar el precio diferencial de forma segura y legal. “Sin un protocolo nacional único y obligatorio, cada Estación de Servicio se verá obligada a interpretar la norma por su cuenta, lo cual es jurídicamente riesgoso”, afirmó el referente.

También advirtió sobre los problemas de conectividad, especialmente en regiones con infraestructura digital limitada. La verificación en línea del tipo de vehículo exige conexión estable y constante. Cualquier interrupción de señal podría paralizar ventas o generar errores en el cobro, dejando al minorista expuesto a sanciones, pérdidas económicas o conflictos con los consumidores.

Para el dirigente gremial, la propuesta del Gobierno equivale a trasladar toda la carga operativa, legal y financiera a las estaciones de servicio, sin haberlas consultado ni ofrecer apoyo técnico ni económico. “Aplicarla de forma forzada sería trasladar el riesgo regulatorio, comercial y social al único actor que no fue consultado, pero que deberá ejecutarla: el distribuidor minorista”, sentenció.

“Sin una infraestructura diferenciada, sin sistemas interoperables en tiempo real, sin protocolos técnicos y sin respaldo tecnológico garantizado por el Estado, la medida es inoperable en el terreno. Aplicarla de forma forzada sería trasladar el riesgo regulatorio, comercial y social al único actor que no fue consultado, pero que deberá ejecutarla: el distribuidor minorista”, concluyó Fragozo.