La Comisión Nacional de Energía prepara un programa temporal para regularizar la actividad de despacho de petrolíferos para autoconsumo, una medida que podría convertirse en uno de los mayores procesos de ordenamiento del mercado mexicano de combustibles de los últimos años.

El programa, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, estará dirigido a quienes ya cuentan con instalaciones donde se desarrolla esta actividad. De acuerdo con el especialista, Luis Omar Guzmán Juárez, el alcance podría ser significativo: se estima que existen más de 10.000 sitios vinculados al autoconsumo de combustibles en el país.

La iniciativa se inscribe en la estrategia del Gobierno mexicano para fortalecer el control sobre la cadena de valor de los petrolíferos y combatir el huachicol fiscal. La prioridad será conocer con mayor precisión los volúmenes que circulan, quién los adquiere, dónde se almacenan y cuál es su destino final.

Guzmán Juárez sostuvo a Surtidores Latam que la regularización tendrá como uno de sus principales objetivos garantizar que el combustible despachado sea utilizado por vehículos propios o por unidades cuya posesión jurídica pueda acreditarse de forma clara. En ese sentido, anticipó que los contratos y las relaciones entre empresas deberán adquirir una mayor precisión para evitar operaciones simuladas o estructuras que, bajo la figura del autoconsumo, terminen abasteciendo a terceros.

El proceso podría convertirse, de esta manera, en un filtro para un universo de instalaciones que durante años operaron con diferentes niveles de formalidad. La posibilidad de continuar dependerá de la capacidad de cada establecimiento para acreditar el cumplimiento de las exigencias técnicas, legales, ambientales, fiscales y comerciales.

El experto relató que no todos los sitios existentes estarán en condiciones de obtener la autorización. La regularización requerirá documentación técnica y jurídica, además de licencias, autorizaciones, factibilidades y vistos buenos que, en muchos casos, deberán ser tramitados, renovados o actualizados ante autoridades municipales y estatales.

Por ese motivo, el programa podría terminar teniendo un efecto de depuración. Algunas instalaciones podrán avanzar hacia la formalización, mientras que otras deberán iniciar un proceso desde cero o abandonar la actividad si no resultan viables frente a las exigencias de la CNE, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y otras autoridades involucradas.

El impacto no se limitaría a los operadores de autoconsumo. La medida también podría modificar el mercado de diésel de las estaciones de servicio, dado que una parte del volumen que actualmente se comercializa a través de la red abierta al público podría ser redireccionada hacia instalaciones destinadas al abastecimiento directo de grandes consumidores.

El análisis de Guzmán Juárez plantea que esta tendencia podría reducir gradualmente los volúmenes de diésel vendidos por las estaciones de servicio, aunque también podría aliviar la presión sobre algunos empresarios que enfrentan dificultades de rentabilidad en un mercado condicionado por la política de precios.

El resultado sería una segmentación más marcada del mercado: por un lado, las estaciones orientadas a la venta al público y, por otro, instalaciones de suministro directo para empresas de transporte, industrias, ferrocarriles, minería y otros grandes consumidores.

La necesidad de ordenar este segmento adquiere especial relevancia ante el crecimiento de los corredores logísticos y de los proyectos de infraestructura. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, las rutas que conectan los principales puertos y los corredores de transporte de mercancías concentran una demanda significativa de diésel.

Camiones, trenes, embarcaciones, maquinaria industrial y operaciones mineras requieren grandes volúmenes de combustible, por lo que el autoconsumo puede convertirse en una pieza cada vez más importante de la infraestructura energética mexicana.

La regularización, sin embargo, también podría abrir frentes de discusión específicos. Uno de ellos es el sector minero, cuyas concesiones tienen como objeto principal la extracción de minerales. Según el análisis del especialista, esta limitación podría generar dificultades para la instalación o regularización de infraestructura de despacho de petrolíferos dentro de terrenos concesionados.

El desafío será compatibilizar las necesidades de abastecimiento de grandes operaciones con las condiciones jurídicas de los terrenos, las autorizaciones ambientales y las disposiciones regulatorias aplicables.

Más allá del trámite, el programa representa un intento por cerrar espacios de ambigüedad en una de las etapas menos visibles de la cadena de combustibles. La autoridad busca que el autoconsumo deje de funcionar como una figura difícil de fiscalizar y pase a formar parte de un sistema con mayor trazabilidad sobre los volúmenes, los usuarios y el destino del producto.

Para Guzmán Juárez, quienes operan actualmente instalaciones de este tipo deberían comenzar a revisar su situación documental, técnica y legal antes de la publicación del programa. El resultado de la dependerá, en buena medida, de la capacidad para demostrar que las operaciones se desarrollan dentro del marco vigente y que el combustible tiene un destino legítimo y verificable.