Colombia dio un nuevo paso en su estrategia para posicionarse como uno de los referentes regionales en materia de transición energética. En el marco de la Feria Internacional del Ambiente 2026, el Gobierno presentó la versión en español del informe de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un documento que reúne los principales acuerdos alcanzados por 57 países para acelerar el cambio hacia economías con menores emisiones de carbono.

El reporte sintetiza las conclusiones de la conferencia realizada en abril pasado en la ciudad de Santa Marta, organizada conjuntamente por Colombia y el Reino de los Países Bajos. Durante ese encuentro participaron representantes de gobiernos, organismos internacionales, comunidades indígenas, organizaciones sociales, universidades, empresas y jóvenes, con el objetivo de construir una agenda común para enfrentar los desafíos del cambio climático.

La publicación plantea una serie de recomendaciones destinadas a orientar las políticas públicas de los países participantes y servir como una guía para avanzar hacia modelos de desarrollo menos dependientes del petróleo, el gas natural y el carbón, promoviendo al mismo tiempo una transición que contemple las necesidades económicas y sociales de cada nación.

Entre las principales conclusiones figura la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para facilitar el intercambio de conocimientos, impulsar nuevas fuentes de financiamiento y acelerar la incorporación de tecnologías limpias que permitan reemplazar progresivamente a los combustibles fósiles sin generar mayores desigualdades.

El documento también propone que cada país elabore hojas de ruta nacionales y regionales adaptadas a sus propias características productivas, energéticas y ambientales. La intención es que el proceso de transformación no responda a un único modelo, sino que contemple las particularidades de cada economía y los distintos niveles de desarrollo.

Otro de los ejes centrales apunta a reformular los mecanismos de financiamiento internacional. El informe sostiene que la transición energética requerirá inversiones de gran magnitud y que los países en desarrollo deberán contar con mayores herramientas para acceder a recursos destinados a infraestructura, innovación tecnológica y generación de energías renovables.

Asimismo, plantea la necesidad de alinear las políticas comerciales y de inversión con los objetivos climáticos, promoviendo actividades productivas compatibles con una economía de bajas emisiones y favoreciendo la creación de nuevos empleos vinculados a la sostenibilidad.

Durante la presentación oficial, la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, destacó que el documento busca convertirse en una herramienta de largo plazo y no limitarse a la actual administración. Según explicó, el propósito es que las recomendaciones sirvan para orientar las futuras decisiones de los países participantes y consoliden una visión compartida sobre la justicia climática.

La funcionaria remarcó que la transición energética debe contemplar tanto la protección ambiental como las necesidades de las comunidades que históricamente dependieron de la producción de combustibles fósiles, evitando que el cambio genere nuevas brechas sociales o económicas.

El informe reconoce que muchas economías continúan apoyándose en la explotación de hidrocarburos para sostener sus ingresos fiscales, generar empleo y abastecer la demanda energética. Por ese motivo, plantea que la transformación deberá realizarse de manera gradual, con planificación y mecanismos que permitan diversificar las actividades productivas sin comprometer la seguridad energética.

La publicación también pone el foco en el papel que pueden desempeñar el sector privado, la academia y la sociedad civil para acelerar la innovación, desarrollar nuevas tecnologías y promover soluciones que reduzcan las emisiones sin afectar la competitividad.