En medio de la suba de los precios internacionales de los combustibles, la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú emitió un comunicado compartido a Surtidores LATAM en el que plantea la necesidad de adoptar medidas extraordinarias y temporales que permitan amortiguar el impacto económico sobre consumidores y actividades productivas.

Desde el gremio advierten que la volatilidad del mercado global está generando presiones inflacionarias cada vez más difíciles de contener, especialmente en sectores sensibles como el transporte. Por ello, consideran clave que el Gobierno evalúe herramientas de intervención fiscal que ya han sido implementadas en otros países de la región y en Europa con resultados favorables.

Entre las principales propuestas, AGESP sugirió la suspensión temporal del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y del Impuesto al Rodaje aplicable a los combustibles. Según la entidad, estas cargas tributarias inciden de manera directa en el precio final, por lo que su eliminación transitoria permitiría una reducción inmediata en los costos para los usuarios.

Asimismo, el gremio plantea una reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV), que actualmente se ubica en el 18%, hasta un nivel del 10%. Esta medida, sostienen, contribuiría a aliviar el bolsillo de los consumidores y a dinamizar la economía en un escenario marcado por la incertidumbre internacional.

Uno de los puntos centrales del planteamiento es que estas decisiones no tendrían un impacto fiscal significativo. AGESP argumentó que el aumento sostenido en los precios de los combustibles ha generado una mayor recaudación por concepto de IGV, lo que permitiría compensar parcialmente los ingresos que el Estado dejaría de percibir con estas reducciones.

En paralelo, la asociación remarca que la adopción de estas medidas ayudaría a mitigar riesgos de desabastecimiento, un factor que podría agravarse si continúan las tensiones en el mercado energético global. También señalan que contribuirían a reducir la volatilidad de los precios y a brindar mayor previsibilidad a los distintos actores de la cadena.

El impacto social es otro de los ejes del reclamo. AGESP enfatizó que los sectores más vulnerables son los más expuestos a las subas, especialmente el transporte público y de carga, cuya estructura de costos depende en gran medida del precio de los combustibles. En ese sentido, consideran que la intervención estatal es necesaria para evitar mayores distorsiones económicas.

Finalmente, el gremio exhortó al Ministerio de Energía y Minas a evaluar con urgencia estas propuestas, al tiempo que reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo y mesas de trabajo. El objetivo, concluyen, es avanzar en soluciones consensuadas que garanticen la estabilidad energética y el adecuado funcionamiento del mercado de hidrocarburos en el país.