La comercialización informal de combustibles continúa siendo una de las principales amenazas para la estabilidad del sector energético en la región. En Colombia, donde toda la cadena está regulada, el problema no solo impacta a los actores formales, sino que también expone a consumidores y empresas a riesgos significativos. Así lo advierte el especialista Alexander Fique, quien detalla las implicancias de operar por fuera del marco legal.

Según explica el experto, en el país la actividad está bajo la supervisión del Ministerio de Minas y Energía, que regula a todos los agentes de la cadena. Este control integral permite garantizar la trazabilidad del producto desde su origen hasta su destino final.

En este contexto, cualquier operación con combustibles debe cumplir con estrictos requisitos normativos. Fique subraya que toda transacción está sujeta a monitoreo para detectar irregularidades y evitar desvíos hacia mercados informales. Esta estructura busca proteger tanto al consumidor como a los actores que operan dentro de la legalidad.

Uno de los principales riesgos es el legal. De acuerdo con el especialista, quienes compran a proveedores no autorizados incurren en un delito, lo que puede derivar en sanciones económicas e incluso consecuencias penales. Esto genera un fuerte desincentivo para quienes consideran abastecerse a menor costo sin verificar la procedencia.

A este escenario se suma el problema de la calidad. El combustible informal no garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas y puede estar contaminado con agua u otros elementos, lo que ocasiona daños mecánicos y mayores costos de mantenimiento.

Otro aspecto crítico es la seguridad. Dentro del sistema formal, se cumplen estándares que aseguran una manipulación adecuada. Sin embargo, en la ilegalidad, no existe garantía sobre la idoneidad del transporte o almacenamiento, lo que abre la puerta a accidentes, incendios o afectaciones ambientales.

En definitiva, el análisis de Fique evidencia que el ahorro aparente al comprar combustible fuera del circuito legal puede traducirse en costos mucho más altos a mediano y largo plazo. Para los empresarios, el cumplimiento normativo es una condición clave para garantizar la sostenibilidad y la confianza en el mercado.