La Comisión de Regulación de Energía y Gas publicó la Circular 181 de 2025, mediante la cual establece los precios de referencia de venta al público de la gasolina motor corriente, gasolina oxigenada, ACPM-diésel y sus respectivas mezclas con biocombustibles.

Las nuevas tarifas aplican en todo el país y representan una actualización para los agentes de la cadena de distribución. Para los minoristas del sector gasolinero, estas cifras son la base sobre la cual se ajustan los márgenes de operación y la planificación comercial en cada estación de servicio. 

De acuerdo con el documento publicado por la CREG, el promedio nacional de los precios de referencia quedó en $15.868 por galón para gasolina y $10.685 para ACPM.

En cuanto al comportamiento por ciudades, los valores más altos para gasolina se registran en Villavicencio ($16.393) y Cali ($16.303), mientras que los más bajos corresponden a Pasto ($14.050) y Cúcuta ($14.276). En el caso del ACPM, los precios más elevados se observan en Cali ($11.118) y Villavicencio ($11.076), mientras que los más bajos se concentran en Cúcuta ($8.732) y Pasto ($10.038).

De acuerdo a la entidad, estas diferencias obedecen a factores como costos de transporte, impuestos locales y ubicación geográfica, que inciden directamente en la estructura de precios.

La circular también detalló la estructura de precios en la que se incluyen componentes como ingreso al productor, impuestos nacionales, sobretasa, impuesto al carbono, costos de transporte y márgenes de distribución. En el caso de la gasolina corriente, el ingreso al productor quedó en $10.561,70 por galón, mientras que para el ACPM se fijó en $5.705,76.

Otro aspecto importante para el sector es la inclusión de los biocombustibles en las mezclas. Para la gasolina oxigenada E10 se establece un componente del 10% proveniente de alcohol carburante, mientras que en el ACPM B10 se incorpora un 10% de biocombustible.

De acuerdo con la CREG, estas medidas buscan garantizar transparencia y estabilidad en el mercado, a la vez que alinean la política de precios con los criterios fiscales y ambientales establecidos por la ley.