Las actuales condiciones económicas de nuestro país han dado un nuevo impulso a la actividad inmobiliaria de las Estaciones de Servicio. Es que más allá de la retracción de la demanda, la actualización de los precios de los combustibles ha generado un marco conveniente en el mediano plazo para la reactivación del sector, estimulando el interés de grupos empresarios por ingresar al mercado.

No obstante, detrás de este aparente dinamismo se esconde una realidad que los potenciales inversores deben enfrentar: la maraña burocrática que obstaculiza la transferencia de estos establecimientos.

Luis Navas, abogado y consultor energético, afirma que las operaciones de compra y venta de Estaciones de Servicio podrían multiplicarse si no fuera por las complicaciones que entorpecen el proceso.

En este sentido, menciona que nuestro régimen de gobierno federal, con sus tres jurisdicciones administrativas -municipal, provincial y nacional-, pone en jaque a cualquier transacción de este tipo. “Esta superposición de competencias genera una situación donde cada Estación de Servicio debe someterse a las normativas y exigencias de los tres órdenes de gobierno, lo que a menudo se convierte en un verdadero dolor de cabeza”, sostiene el especialista en diálogo con surtidores.com.ar.

“Hablar desde la experiencia nos lleva a entender que, en este contexto, el verdadero desafío no es tanto el valor de mercado de una Estación de Servicio, sino la capacidad de superar los obstáculos administrativos que surgen durante la transferencia de propiedad. Lo habitual en estos casos es vender el establecimiento con su razón social, lo que permite que las habilitaciones vigentes sigan en pie, garantizando la continuidad operativa”, explica Navas.

Sin embargo, cuando la venta requiere un cambio de razón social, es aquí donde las complicaciones se multiplican exponencialmente. “El proceso se asemeja al de habilitar una estación desde cero. Es un escenario que cualquier inversor querría evitar, ya que implica enfrentarse a un procedimiento de transferencia municipal que puede extenderse por varios meses”, advierte el letrado.

Y eso es solo el comienzo. Una vez finalizado este trámite local, la nueva razón social debe inscribirse en la Secretaría de Energía, cumpliendo con una serie de requisitos que no distan mucho de los que se exigen para una nueva boca de expendio. A esto se suma (en el caso de las GNC) la necesidad de obtener un nuevo certificado de aptitud técnica por parte de la distribuidora zonal, lo que añade más capas al ya de por sí complejo proceso.

“En mi opinión, es imperativo que exista una mejor comunicación administrativa entre los distintos entes gubernamentales para facilitar este tipo de operaciones comerciales. Sin esta cooperación, los contribuyentes se ven atrapados en un proceso que, en lugar de fomentar la inversión y el crecimiento del sector, termina por desalentarlo. Debería ser un procedimiento menos traumático y más eficiente”, enfatiza el especialista.

Finalmente, advierte de un caso particular que merece atención especial, que es el de las Bocas Duales, es decir, aquellas que comercializan tanto combustibles líquidos como GNC, ya que están sujetas a una serie de regulaciones más estrictas, lo que complica aún más el procedimiento de transferencia. “En contraste, las que venden solo GNC o solo combustibles líquidos enfrentan menores exigencias, lo que plantea una paradoja en cuanto a las barreras administrativas que los distintos tipos de estaciones deben superar”, concluyó Navas.