Las manifestaciones del presidente Luis Lacalle Pou, referentes a la desmonopolización de los combustibles,  durante la inauguración de la zafra de arroz en Treinta y Tres, pusieron nuevamente sobre el tapete una discusión que el país ya había dado durante el verano de 2020, previo a la firma del documento “Compromiso con el país”, que diera forma luego a la LUC, que excluyó de su articulado este punto a pedido de los socios de la coalición.

Lacalle Pou dijo a los productores en Tacuarembó que no “cesarán en la lucha por la desmonopolización de los combustibles” al tiempo que adelantó estar convencido, que Uruguay irá por este camino “tarde o temprano”.

Sobre el tema, así como al respecto de otros tópicos que atañen a la gremial de estacioneros UNVENU, Surtidores recogió la opinión de su presidente Daniel Añón.

¿A su juicio que podría implicar una desmonopolización de los combustibles en Uruguay, perdiendo ANCAP el monopolio y liberalizando su precio?

Cuando se planteó este tema sobre fines de 2019 y principios de 2020, nuestra gremial expresó públicamente su desacuerdo con la desmonopolización en base a la experiencia que tenemos desde 1991 hasta nuestros días, que es cuando nace la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible – CLAEC, de la que Uruguay es miembro fundador.

En ese momento (1991) se analizó lo sucedido en 1978 en Chile, cuyo mercado fue desregulado y habilitada la libre importación, lo que trajo como consecuencia que hoy el 93 por ciento de las Estaciones de Servicio sean propiedad de empresas distribuidoras dejando de pertenecer a pequeños empresarios particulares.

Posteriormente en 1991, sucedió algo similar con Argentina, con la particularidad que al otro día de implementada la desmonopolización, el combustible aumentó un 40 por ciento, mientras que en 1995 se sumaron Perú y Ecuador, con subas menores pero importantes.

Esta realidad alcanzó recientemente a México, constatándose un aumento de sus refinados de tal magnitud que pasó a ser el segundo país con el combustible más carao de LATAM (U$S 1.40 el litro de Nafta Super), detrás de Uruguay (U$S 1.90).

La reforma -si se procesara- quitaría a ANCAP el monopolio, pero pasaríamos a tener un oligopolio de las cuatro distribuidoras. En este escenario el posible importador deberá agregarle al precio con el que llegue el combustible, todos los impuestos, los fideicomisos, el costo del alcohol que hoy se le compra a ALUR un precio muy por encima de la media internacional, etc. por lo que terminaría al mismo precio que se marca hoy por el PE en el surtidor.

Si hay una apertura de mercado, UNVENU no le tiene miedo a la competencia siempre y cuando la cadena no se mezcle y ésta sea entre pares. Las estaciones deberán competir entre ellas, las distribuidoras con las distribuidoras y los importadores con los importadores.

En este punto me gustaría aclarar que en el caso del gasoil, de quitársele el Fideicomiso al boleto, su precio se equipararía a la media internacional.

¿Qué opinión le merece el nuevo reglamento de distribución secundaria de URSEA?

La UNVENU recién tomó contacto con este reglamento, aunque desde ya le adelanto que por diversos factores, tenemos muchos socios cuyas estaciones demandan mayores plazos para cumplirlo, y la gremial después de analizarlo en forma concienzuda determinará cómo seguir y las acciones que se deban canalizar pensando –como le decía- en muchas Estaciones de Servicio, a las que por diversos motivos, les puede ser más dificultoso cumplirlo. En estos casos se requerirán prórrogas por parte de URSEA.

La lucha por los aranceles de la tarjetas parece que pasa año a año sin resolverse (data de antes de 2017) ¿se implementará alguna medida por parte del sector que definitivamente tome cartas en el asunto o seguirá siendo un tema de escritorio y lobby?

Aunque parece algo de fácil implementación, UNVENU debe tener en cuenta que en Uruguay la realidad en el sentido de las tarjetas de débito y crédito, es bien diferente. Para citarle un ejemplo, las fronteras con Argentina y Brasil.

En estas estaciones limítrofes  hasta 20 kms. de las fronteras, la tarjeta impacta prácticamente en un 100 por ciento, entonces una medida de la gremial que implique no aceptar las tarjetas a modo de medida de fuerza, implicaría perjudicar a un grupo de Estaciones de Servicio de frontera importante, con precios del combustible que llegan hasta la mitad de lo que vale en Uruguay.

Por lo dicho, UNVENU plantea sobrar un arancel fijo, independientemente del volumen de la carga, ya que la operación de transferencia del dinero del “tarjeta habiente” (débito), es la misma si carga un peso o 10 mil pesos.

De todos modos sobre este tema debemos esperar la respuesta de la Asociación de Bancos y el BROU, entidades a las que –conjuntamente con otros sectores comerciales- se le expresó la situación.

¿Cree que en nuestro país hacen falta más estaciones?

Efectivamente. Si nos remontamos más atrás tal vez haya habido más, en la medida que en esos años los permisos se otorgaban a pedido de algún político “caudillo” de la zona.

Para explicarle la relación uruguaya en esta materia, para ello basta conocer la densidad de establecimientos en LATAM, donde Uruguay ocupa el tercer lugar de estaciones por habitante entre 18 países.

La medida de la desmonopolización trae consigo la libre importación ¿En este escenario cualquier persona o empresa podrá importar?

He escuchado que mucha gente cree que esta medida permitirá por ejemplo que uno vaya en un camión cisterna y traiga combustible barato bajo el rótulo de la importación. Esto es un dislate.

Quienes importen combustible  –en caso de llegarse a eso-  deberán cumplir con todos los reglamentos y requisitos medioambientales, así como prever tanques de almacenamiento, respetar la carga de impuestos, fideicomiso, etc. y ajustarse a la legislación nacional.

¿Con este panorama, entonces usted que aconsejaría para bajar el precio de los combustibles en Uruguay?

La única solución es –en el caso de las naftas- la rebaja de los impuestos que hoy pesan en 34 pesos por litro (IMESI/C02) y en el Gas Oil quitarle la carga del fideicomiso (que debería pasarse a otro renglón presupuestal), lo que lo haría descender 6 pesos por litro, llevándolo a U$S 1.26.