Hoy en día, el hidrógeno verde se presenta como una alternativa prometedora para diversificar la matriz energética de los países. Al ser producido a partir de fuentes renovables, como la energía solar o eólica, ofrece un camino hacia una economía más limpia.

En ese sentido, durante las últimas horas, el Congreso de la República aprobó una iniciativa que promueve su uso como combustible y vector energético a nivel nacional.

La aprobación, que tuvo lugar en la Comisión Permanente con un sólido respaldo de 20 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, refleja la idea por parte del Poder Legislativo con el desarrollo de energías renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Cabe mencionar que la iniciativa, respaldada por los proyectos de ley 3267, 3272 y 4374, tiene como objetivo no solo fomentar la investigación y producción de hidrógeno verde, sino también su transformación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y uso en diversas aplicaciones. 

Esto marca un punto en la transición energética del país y su alineación con los compromisos internacionales, como los establecidos en la COP 28, donde el Perú se comprometió a triplicar su capacidad de energía renovable para el 2030.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Segundo Quiroz (BMCN), destacó durante la sesión que la propuesta incluye medidas concretas para fomentar la innovación y la transferencia tecnológica en el sector energético, a través de programas respaldados por el Ministerio de la Producción. 

“El uso de Hidrógeno en reemplazo de combustibles altamente contaminantes es fundamental como medida de mitigación para cumplir con nuestras contribuciones nacionalmente determinadas y los compromisos del país en materia de descarbonización”, había mencionado a Surtidores LATAM el Líder del Comité Técnico, Desarrollo e Innovación de H2 Perú, Asociación Peruana de Hidrógeno, Jesús Maraví.

Uno de los aspectos clave de la iniciativa es el establecimiento de plazos concretos para su implementación. Se espera que, en un plazo máximo de ciento ochenta días calendario desde la entrada en vigor de la ley, el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento y la normativa necesaria para su aplicación efectiva.