En medio de una aguda crisis económica y una inflación descontrolada, Bolivia enfrenta un fenómeno creciente: el contrabando de gasolina y diésel hacia países vecinos. A medida que el precio de los combustibles se mantiene artificialmente bajo por la política de subsidios del Estado, aumenta el desvío ilegal de carburantes, especialmente hacia Perú, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. 

Esta situación ya genera pérdidas anuales estimadas en 600 millones de dólares, según cifras oficiales. Cabe mencionar que el litro de gasolina o diésel en Bolivia cuesta apenas 0,53 dólares, un tercio del precio promedio internacional.

Esta diferencia, potenciada por la crisis inflacionaria interna, que ya supera el 15,5% en lo que va del año, convierte al combustible boliviano en un bien altamente atractivo para los mercados vecinos. Mientras tanto, la escasez local se vuelve cada vez más recurrente, generando malestar social y presión sobre el Gobierno de Luis Arce.

En respuesta, las autoridades bolivianas intensificaron los operativos militares en las fronteras, donde en el primer semestre del año se identificaron 23 nuevos pasos ilegales para el tráfico de mercancías. De estos, 10 están ubicados en la frontera con Chile, 7 con Brasil, 3 con Perú, 2 con Argentina y uno con Paraguay. Los controles buscan frenar tanto el contrabando de alimentos como el de combustibles, aunque los resultados aún están lejos de revertir la tendencia.

En total, durante los primeros seis meses de 2025 se realizaron 7.743 operativos de control fronterizo, en los que se decomisaron 6.690 litros de gasolina, 2.130 litros de diésel y 830 garrafas de gas licuado de petróleo.

Desde el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, insisten en que el problema es estructural y requiere medidas de fondo, entre ellas una revisión del esquema de subsidios. Pero esa opción genera resistencias políticas y sociales: cualquier aumento en el precio interno del combustible podría desatar protestas masivas y agravar aún más el malestar económico que ya atraviesa el país.

Asimismo indican que el impacto económico de este contrabando no solo afecta a las arcas del Estado, sino que también distorsiona el mercado interno de combustibles. La constante fuga de carburantes presiona sobre la logística nacional y provoca desabastecimiento en varias regiones del país, especialmente en áreas rurales y zonas fronterizas. La situación complica aún más el abastecimiento de sectores productivos estratégicos, como el agro y el transporte.

El Gobierno boliviano implementó vigilancia aérea, 94 puestos de control en puntos limítrofes y brigadas terrestres para disuadir el contrabando. No obstante, los contrabandistas operan con logística sofisticada, rutas alternativas y complicidad local. En lo que va del año, se registraron enfrentamientos violentos entre militares y redes ilegales, con un saldo de 18 personas muertas y más de 300 heridas, lo que refleja la peligrosidad del negocio.