El anuncio del Gobierno colombiano sobre el inicio del desmonte del subsidio al diésel para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos ha generado diversas reacciones en el sector de combustibles. Si bien la medida apunta a mejorar la sostenibilidad fiscal y a corregir inequidades en la distribución del beneficio, para los actores minoristas aún quedan muchas dudas respecto a su implementación.

Alejandro Ribero Rueda, director ejecutivo de la Federación de Estaciones de Combustibles y Energéticos de Colombia, recordó que el desmonte de subsidios fue una política pública iniciada en el gobierno del expresidente Iván Duque, que comenzó con la gasolina y ahora continúa con el ACPM. Sin embargo, cuestionó que la administración actual hubiera postergado su aplicación por razones políticas: “El gobierno actual había engabetado la toma de esta decisión por lo impopular de la medida”, aseguró.

Según el representante gremial, la exclusión del transporte público y de carga del ajuste responde tanto al impacto inflacionario que podría tener la medida, como a la menor resistencia política esperada por parte de los sectores actualmente incluidos: “Seguramente interpreta que en estos sectores comprendidos en la medida no encontrará una férrea oposición al incremento del diésel como sí la ha habido y seguramente la habría en el sector transportador si se hubiera incluido en la medida”.

No obstante, Ribero expresó su preocupación ante la falta de información técnica en el proyecto de decreto. Señaló que aún no está claro cómo se realizará el cobro diferencial, quién lo aplicará, ni qué mecanismos de control y sanción se contemplan: “El borrador de la norma propuesto por el gobierno no hace claridad sobre aspectos relevantes”, advirtió.

Desde FECEC manifestaron estar de acuerdo con eliminar el subsidio al diésel para todos los consumidores, pero consideran inviable que las estaciones de servicio asuman esa tarea. “Encontramos inconveniente que siquiera se piense en que la medida de cobro diferencial podrá ser implementada en las Estaciones de Servicio, actualmente los operadores no cuentan con la capacidad tecnológica”, señaló Ribero.

Además del tiempo que requeriría esa adaptación, desde el gremio advierten que implicaría costos significativos que no están contemplados en la estructura actual de precios. “El exiguo margen minorista no es capaz de soportar” esa inversión, añadió el dirigente, dejando en evidencia una preocupación constante del sector minorista: la sostenibilidad económica frente a nuevas obligaciones no remuneradas.

FECEC propone una alternativa basada en facturación electrónica y reembolsos directos a empresas de transporte que acrediten el consumo. “Nuestra apreciación es que el diésel se debe cobrar a todos los consumidores a paridad internacional, y ser restituido el mayor valor a los actores beneficiados vía empresas de transporte que los afilian”, expresó.

Finalmente, el vocero lanzó una advertencia en tono metafórico, pero con un mensaje claro para el Ejecutivo. “Como dicen por ahí, no nos inviten como Estaciones de Servicio a bailar ese vals, porque no tenemos los insumos adecuados para participar de él”, cncluyó.