En enero de 2025, México se posicionó como uno de los países con la gasolina más cara entre los diez principales consumidores globales de este combustible. De acuerdo con Ramsés Pech, especialista del sector energético, la razón principal de esta disminución en el costo se atribuye al mayor estímulo aplicado al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pese a que este impuesto se incrementó al ritmo de la inflación registrada al cierre del año pasado.

En el mercado mexicano, la demanda diaria de gasolina oscila entre los 780 y 820 mil barriles (equivalentes a 124 a 130 millones de litros), mientras que las ventas registradas en las Estaciones de Servicio fluctúan entre los 850 y 900 mil barriles diarios (137 a 143 millones de litros). Este volumen sitúa a México en el octavo lugar a nivel global en términos de consumo de gasolina. 

Sin embargo, la diferencia entre la demanda y las ventas reales ha despertado el interés de las autoridades, quienes analizan estrategias para establecer un precio máximo al consumidor. Esta medida busca controlar la inflación no subyacente derivada del aumento en los costos energéticos, los cuales alcanzaron un incremento anual del 6.34% y mensual del 1.11% en enero.

Según expresó el experto a Surtidores Latam, el impacto de los altos costos en el transporte y la movilidad tiene un efecto directo en la economía familiar, reduciendo el flujo de dinero disponible para otros gastos. No obstante, la idea de fijar un precio máximo al público presenta desafíos, ya que el valor final está compuesto por factores complejos: un 52% depende de las dinámicas del mercado, un 40% corresponde a impuestos, y apenas un 8% está bajo el control de los emblemas.

Para que la gasolina llegue a las expendedoras, pasa primero por terminales de almacenamiento y reparto (TAR), donde se determina el precio subtotal que paga el consumidor final. Esto incluye el costo de mercado y contribuciones, que representan el 92% del total, mientras que las gasolineras no tienen influencia significativa en este proceso. Existen dos vías principales para abastecer las TAR: la importación y la refinación.

En el caso de la primera, la gasolina proviene mayoritariamente de Estados Unidos. El proceso comienza en una refinería, donde Pemex o empresas privadas adquieren el combustible, generalmente a través de intermediarios. Posteriormente, el producto es transportado por barco, ferrocarril o camiones hasta la frontera o puertos del Golfo de México, lo que genera costos adicionales. Una vez en México, la gasolina debe ser declarada ante las autoridades, lo que implica permisos otorgados por la Secretaría de Energía, el registro en el padrón de importadores/exportadores y la contratación de agentes aduanales para completar el trámite.

Por otro lado, Pech resaltó que la refinación se encuentra mayoritariamente bajo el control de Pemex, que domina el 82% del suministro de gasolina en el país, mientras que los privados participan con el 18% restante. Petróleos Mexicanos establece los precios de refinación considerando costos de operación, almacenamiento, materia prima, IEPS e IVA, los cuales impactan directamente en el precio final al consumidor. Aunque la estatal cuenta con refinerías propias y terminales de almacenamiento en diferentes regiones, la operación no ha logrado generar márgenes de descuento suficientes para beneficiar al público.

Es así que el desafío de reducir las tarifas no radica en imponer precios máximos, sino en optimizar el proceso. Una alternativa sería establecer terminales de almacenamiento más cercanas a las gasolineras, lo que reduciría los costos de transporte y mejoraría la seguridad en la cadena de suministro. 

Sin embargo, eliminar el IEPS no es una opción viable, ya que este impuesto representa una fuente importante de ingresos para el gobierno. Además, la fórmula del IEPS incrementa anualmente en función de la inflación, lo que complica aún más cualquier intento de reducción sin afectar las finanzas públicas.

Pech sostuvo que las soluciones deben enfocarse en fortalecer la infraestructura, mejorar la eficiencia en la distribución y fomentar una mayor competencia, asegurando así un beneficio real para los consumidores sin comprometer la estabilidad económica del país.