Las zonas de frontera fueron concebidas con un tratamiento diferencial en materia de combustibles, debido a su ubicación estratégica y las dificultades socioeconómicas que enfrentan.

Sin embargo, cuando se agota el cupo mensual asignado de producto subsidiado, las Estaciones de Servicio deben adquirir el combustible a precio nacional, lo que genera sobrecostos y pone en desventaja a estas regiones.

“Cuando se acaba el producto de frontera, la gente tiene que comprar a precio nacional, con todos los impuestos. Eso nos perjudica gravemente porque acá el producto termina siendo más caro que en cualquier otra parte del país”, advirtió a Surtidores LATAM María Eugenia Martínez, directora ejecutiva de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (ASESNORT).

Según explicó, la normativa vigente indica que el combustible de frontera está exento de varios impuestos, lo que permite ofrecerlo a precios más bajos. Pero en la práctica, esa ventaja desaparece al terminarse el cupo asignado. En ese momento, las gasolineras deben comprar gasolina y ACPM con todos los tributos incluidos, además de asumir cargos adicionales que afectan directamente al consumidor final.

Martínez comentó que, además de los impuestos habituales, los distribuidores deben pagar por el transporte entre plantas, así como por un rubro conocido como “costo de cesión”, destinado en teoría a la reconversión social de los denominados pimpineros, un grupo que, según afirmó, ya no existe en la región. “No sé qué está pasando con ese rubro, pero no se está invirtiendo donde se necesita”, señaló.

La directiva también hace referencia a la Ley 191 de 1995, que en su artículo 55 establece que Ecopetrol debe asumir una tarifa compensatoria de transporte en las zonas de frontera mientras se instala la infraestructura adecuada. “Esa tarifa nunca ha sido asumida en nuestra región. Al contrario, sí se aplica en Nariño, que también es zona de frontera. No entendemos por qué a nosotros nos excluyen”, reclamó.

Esta situación genera una brecha preocupante entre regiones fronterizas, creando desigualdad en el acceso al combustible y en la competitividad de los distribuidores. Para los habitantes y empresarios de Norte de Santander, pagar más por el combustible representa una carga económica injusta, especialmente en un contexto de inflación y dificultades logísticas.

Por último la referente mencionó que la falta de cumplimiento de las normas y beneficios establecidos para estas zonas, así como la ausencia de vigilancia efectiva sobre los costos adicionales, están provocando una crisis silenciosa en la distribución de combustibles. “Nos ponen en desventaja y nos dejan fuera de las soluciones”, concluyó Martinez.