La declaratoria de emergencia nacional de hidrocarburos por hasta ocho meses, oficializada por el Ministerio de Energía y Minas, abrió un nuevo escenario para el abastecimiento de combustibles en Perú. La Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM contempla medidas extraordinarias para preservar el suministro de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo frente a las posibles consecuencias del Fenómeno El Niño 2026-2027.
Sin embargo, detrás de la decisión también aparecen problemas de infraestructura que podrían complicar la respuesta ante una emergencia climática. Walter Espinoza Villaverde, economista y gerente general de Villaverde Consultores & Inversiones SAC, advirtió que las próximas semanas pondrán a prueba la seguridad energética del país. «En las próximas semanas vamos a estar a prueba como si estuviéramos en una guerra, donde la seguridad energética estará a prueba«, compartió con Surtidores LATAM.
El especialista señaló que numerosas regiones, provincias, distritos, anexos y comunidades podrían quedar aislados por las lluvias, inundaciones y deslizamientos. En ese sentido, cuestionó la falta de inversiones para ampliar la capacidad de almacenamiento durante las últimas tres décadas. «No se promovió ni se construyó mayor capacidad de almacenamiento en el sur y norte del Perú. Estamos expuestos solo al transporte terrestre y este va a estar en crisis«, afirmó.

Uno de los puntos que más le preocupa es la disponibilidad de GLP. Según Espinoza Villaverde, la capacidad de almacenamiento de este combustible en Pisco y Lima se encuentra ocupada en un 92%, mientras que en el norte la infraestructura resulta insuficiente. Como ejemplo, mencionó que Talara dispone de una capacidad de almacenamiento de apenas 5.000 barriles. «El caso del GLP es catastrófico«, alertó, y advirtió que una interrupción prolongada podría comprometer el abastecimiento que utilizan los hogares para cocinar.
Entre las posibilidades que identifica en la declaratoria de emergencia está la flexibilización de las exigencias de inventarios mínimos. Según explicó, la medida permitiría que OSINERGMIN y el MINEM autoricen la liberación de stocks y reduzcan temporalmente las obligaciones de mantener existencias equivalentes a 15 días, incluso a menos de cinco días en situaciones críticas. El especialista indicó que este tipo de manejo ya se viene aplicando en el caso del GLP. No obstante, su alcance dependerá de las disposiciones concretas que adopten las autoridades.
Otra herramienta que planteó es establecer prioridades entre los sectores que demandan combustibles. En particular, mencionó el abastecimiento de diésel para la generación eléctrica y la actividad minera, dos rubros que podrían competir por la disponibilidad del producto si las dificultades logísticas se prolongan.
En materia económica, Espinoza Villaverde también mencionó la utilización de recursos vinculados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Hizo referencia a la emisión de bonos soberanos por US$ 4.000 millones y planteó evaluar la utilización de esos recursos en el marco de la emergencia. Además, propuso analizar una reducción temporal del Impuesto Selectivo al Consumo y del Impuesto General a las Ventas. Sin embargo, advirtió que estas modificaciones tributarias no resolverían los problemas de abastecimiento.
El planteo del consultor también alcanzó a la planificación estratégica del Estado. Espinoza Villaverde cuestionó la ausencia de una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la discusión sobre seguridad energética. «Si vamos a estar afectados por la seguridad energética, ¿dónde está la opinión de las Fuerzas Armadas?«, cerró.






