La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo Nacional) lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a las autoridades competentes para reforzar las medidas de seguridad en torno a las Estaciones de Servicio que operan en el país.

El gremio, que agrupa a más de 3000 gasolineras en todo el territorio nacional, advirtió sobre el creciente número de actos violentos que afectan la integridad de sus trabajadores y comprometen la operación del suministro de combustibles.

Según el comunicado, en los últimos años se incrementaron los casos de hurtos a mano armada, extorsiones y homicidios, hechos que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de estos establecimientos, muchos de los cuales trabajan las 24 horas del día y los siete días de la semana. El episodio más reciente ocurrió la noche del pasado 24 de mayo, cuando fue asesinado el joven islero Iván Issa en la estación ‘La Ye’ del municipio de El Copey, en el departamento del Cesar.

“Estamos enfrentando una situación crítica. No solo se trata de pérdidas materiales, sino del riesgo constante que viven nuestros colaboradores. En zonas como El Copey, donde incluso existen alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, se vuelve urgente la intervención del Estado”, afirmaron en el documento firmado por Raúl Nicolás Fragozo Daza, presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo Nacional.

La federación denunció la presencia de bandas criminales y grupos armados organizados que ejercen control sobre determinadas regiones, imponiendo esquemas de extorsión a los empresarios del sector.

Según informaron, estas situaciones han generado temor entre los trabajadores y han obligado a algunas Estaciones de Servicio a reducir horarios o cerrar sus puertas, afectando directamente la continuidad del servicio de distribución de combustibles.

Fendipetróleo remarcó que los peligros que recaen sobre la operación del sector impactan de manera directa a miles de familias que dependen de estos empleos. “Pedimos las garantías a las que tiene derecho toda empresa que genera empleo, desarrollo y bienestar en Colombia. Las estaciones cumplen un papel esencial para la movilidad del país”, añadieron.

En respuesta a estos hechos, el gremio solicitó una acción articulada entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas y Energía, la Policía Nacional y las autoridades locales para establecer medidas de protección específicas para las estaciones ubicadas en zonas de alto riesgo. También se instó a reforzar los mecanismos de denuncia y judicialización de los responsables.