México avanza hacia un cambio en la forma de abonar el combustible y utilizar las carreteras de cuota. La propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada por el Ejecutivo Federal en septiembre, busca establecer un marco para extender el uso de herramientas electrónicas y podría alcanzar a las estaciones de servicio y plazas de cobro.
El proyecto todavía no constituye una obligación para los establecimientos. Fue presentado el 9 de septiembre de 2026 y permanece pendiente de tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que actualmente los consumidores continúan pudiendo utilizar dinero en efectivo para sus operaciones.
La propuesta legislativa se suma a una estrategia que busca ampliar el uso de herramientas electrónicas en actividades vinculadas con la movilidad.
Entre las alternativas aparecen tarjetas de débito y crédito, códigos QR y CoDi, la plataforma desarrollada por Banco de México. En las autopistas también se mantendrían los sistemas de telepeaje mediante TAG, mientras que las plazas de cobro incorporarían otras opciones para realizar las operaciones sin recurrir a billetes y monedas.
De acuerdo con información recolectada por Surtidores, buena parte de las estaciones mexicanas ya dispone de terminales punto de venta. La meta no pasa únicamente por instalar equipos, sino por asegurar que puedan procesar distintas modalidades y que exista conectividad suficiente para completar las transacciones.
La dimensión del eventual cambio es significativa para la actividad hidrocarburífera mexicana. Según datos de Pemex, al cierre del primer semestre de 2026 funcionaban 13.046 estaciones de servicio en el país. El 58% correspondía a establecimientos operados por la petrolera, mientras que el resto funcionaba bajo otras marcas y licencias.
El proceso también involucra a una extensa red de carreteras. Las 129 plazas de cobro administradas por Caminos y Puentes Federales cuentan con sistemas de telepeaje electrónico en sus 1.050 carriles, infraestructura que serviría como base para profundizar la migración hacia modalidades sin efectivo.
A esto se suma una elevada disponibilidad de medios bancarios. Durante el segundo trimestre de 2026 se registraron 146.9 millones de tarjetas de débito y 47,1 millones de crédito emitidas por bancos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores difundidas por Expansión.
Uno de los principales aspectos jurídicos está relacionado con el estatus del efectivo en México. Los billetes y monedas tienen poder liberatorio reconocido por la legislación monetaria, por lo que una restricción general requiere un marco específico que determine en qué actividades puede limitarse su utilización.
La propuesta busca establecer precisamente ese marco. Una vez aprobada la legislación y después de su entrada en vigor, las autoridades contarían con un plazo de 15 días para determinar los sectores y actividades en los que podría limitarse o prohibirse el uso de dinero físico.
Por eso, la eventual modificación en las estaciones no sería inmediata. Primero debe completarse el proceso legislativo y, posteriormente, deberán definirse las actividades alcanzadas por las nuevas disposiciones.
