El contrabando de combustibles es una problemática histórica que golpea hace muchos años especialmente a las regiones fronterizas del país. Se refiere al ingreso, distribución y comercialización ilegal de gasolina, diésel (ACPM) y otros derivados que no cumplen con los requisitos legales ni tributarios establecidos por el Estado colombiano.

La Federación de Estaciones de Combustibles y Energéticos de Colombia (FECEC) compartió con Surtidores LATAM una serie de ítems que expone las graves afectaciones que enfrenta el sector por el contrabando y hurto de combustibles, un fenómeno impulsado por los altos precios y el uso cotidiano de estos productos.

La entidad hizo un llamado a la denuncia ciudadana y empresarial contra el robo y la comercialización ilegal de combustibles. La campaña resalta la importancia de reportar estas actividades ilícitas a través de las líneas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de frenar una problemática que pone en jaque la viabilidad de muchas Estaciones de Servicio, especialmente en regiones de frontera.

El contrabando simple, según advierte FECEC, afecta de forma directa a las gasolineras ubicadas en zonas limítrofes con otros países. La diferencia de precios frente a naciones vecinas —provocada por subsidios estatales o la menor calidad del combustible extranjero— incentivó la entrada ilegal de carburantes, generando márgenes de ganancia considerables para economías ilegales. 

Uno de los casos más representativos es el de la frontera colombo-venezolana, donde persisten pasos ilegales activos para el ingreso de gasolina y ACPM provenientes del vecino país. Esta situación debilita el volumen de ventas legales en estaciones ubicadas en departamentos como La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Nariño. 

Además del contrabando simple, FECEC denuncia la existencia del “contrabando técnico”, que consiste en el desvío de combustibles subsidiados desde zonas de frontera hacia el interior del país.

Cabe recordar que esta práctica no solo genera competencia desleal entre expendedores legales, sino que también constituye un riesgo para la seguridad y el control del mercado de hidrocarburos a nivel local.

De acuerdo a lo informado por el gremio, las consecuencias económicas del contrabando son múltiples. Se observa una caída en el recaudo de impuestos municipales y departamentales, afectando directamente la financiación de obras públicas y servicios. Asimismo, la calidad del combustible ilegal, muchas veces adulterado, daña los motores de vehículos y contribuye al deterioro del medio ambiente por sus altas emisiones contaminantes.

FECEC también advirtió que el combustible de contrabando proviene principalmente de Venezuela y Ecuador, países con estructuras de subsidios que distorsionan los precios en relación con Colombia. Lo que se convirtió en un incentivo para redes ilegales de distribución, que operan a lo largo de corredores clandestinos y, en ocasiones, con complicidad de actores locales.