La vigencia de las autorizaciones puede incidir directamente en la rentabilidad de una estación de servicio. En México, una nueva disposición de la Comisión Nacional de Energía, establece criterios para resolver solicitudes que permanecían pendientes bajo la anterior Ley de Hidrocarburos, con períodos máximos de hasta 20 años para el expendio de combustibles al público.
Ante esto, la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio reclamó previsibilidad en la aplicación de los criterios, al considerar que conocer las condiciones de cada autorización resulta fundamental para evaluar proyectos, acceder a financiamiento y estimar la recuperación del capital.
El acuerdo fue publicado el 14 de octubre y también contempla vigencias máximas de hasta 30 años para determinadas actividades de almacenamiento y transporte. Estos períodos son límites máximos, no plazos automáticos ni una reducción general de las autorizaciones que ya fueron concedidas.
UNA DECISIÓN QUE INCIDE EN LOS NÚMEROS DEL NEGOCIO
Construir una estación requiere inversiones en obra civil, tanques, dispensarios, sistemas de seguridad y tecnologías de control. La recuperación de esos recursos depende de factores como la ubicación, la demanda, los costos operativos y las condiciones de financiamiento.
Por eso, el tiempo durante el cual podrá desarrollarse la actividad es una variable relevante al momento de determinar la viabilidad económica de un emprendimiento.
“Esa claridad facilita el financiamiento y permite calcular los periodos de recuperación del capital”, señaló Ricardo Quiroz Hernández, presidente de AMPES. El directivo reconoció las facultades de la autoridad para evaluar cada proyecto, pero remarcó la importancia de anticipar los criterios y conocer los fundamentos de las resoluciones.
POR QUÉ LAS AUTORIZACIONES PODRÍAN TENER DISTINTA VIGENCIA
La CNE deberá evaluar las características de cada iniciativa, incluida la inversión prevista, la vida útil de la infraestructura, el cumplimiento regulatorio, las condiciones del mercado y de la región, el tiempo estimado para recuperar el capital y los riesgos asociados.
En consecuencia, dos proyectos de una misma actividad podrían obtener autorizaciones por períodos diferentes, siempre que la decisión esté debidamente fundamentada.
Para AMPES, el desafío será garantizar que estos parámetros se traduzcan en resoluciones transparentes y consistentes. La existencia de un máximo de 20 años no significa que todos los establecimientos vayan a recibir una autorización por ese período.
QUÉ PASA CON LOS PERMISOS YA OTORGADOS
El acuerdo se refiere a solicitudes presentadas bajo el marco legal anterior que continuaban pendientes cuando entró en vigor la nueva legislación. Las autorizaciones concedidas previamente mantienen las condiciones de sus respectivos títulos, conforme al régimen transitorio aplicable.
La asociación planteó la necesidad de sostener el diálogo técnico entre el sector y las autoridades para facilitar la implementación de los criterios y resolver dudas.
