El 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa del gobierno federal que plantea la desaparición de diversos órganos autónomos. Entre estos organismos se encuentran la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), los cuales resultan fundamentales para la supervisión y regulación del sector energético y de hidrocarburos en México.

Aunque la propuesta ha sido presentada como una medida para mejorar la eficiencia administrativa y reducir costos, también ha generado preocupaciones significativas en torno a la transparencia, la imparcialidad y la seguridad para la inversión privada.

Cabe destacar que la CRE es responsable de regular y supervisar los mercados de electricidad, gas natural y otros hidrocarburos, emitiendo licencias y permisos para proyectos de infraestructura energética, como centrales eléctricas y redes de distribución. La existencia de este órgano asegura que la competencia en el sector sea justa y que las decisiones regulatorias se tomen con independencia del gobierno, una característica clave en mercados tan dinámicos y estratégicos.

Por su parte, la CNH se encarga de la supervisión de la exploración y producción de petróleo y gas en México, gestionando licitaciones y contratos que permiten al Estado maximizar los beneficios de los recursos energéticos.

En este sentido, la desaparición de estos, como parte del paquete de reformas del Ejecutivo, implicaría su absorción dentro de la Secretaría de Energía (SENER). Según las autoridades, esta medida busca una mejor coordinación de las políticas energéticas y una reducción de costos operativos. No obstante, la integración de las funciones de la CRE y la CNH en una entidad gubernamental ha suscitado un amplio debate.

Uno de los principales riesgos que expertos del sector han señalado es la pérdida de independencia normativa. Ramses Pech, especialista en temas energéticos, en diálogo con Surtidores Latam advirtió que la eliminación de la CRE hará que las condiciones para la inversión privada en México sean menos seguras. “La centralización de estas funciones podría generar un sesgo en las decisiones regulatorias, lo que comprometería la imparcialidad para asegurar una competencia justa en el mercado energético”, expresó.

Esto, a su vez, afectaría el avance de las energías limpias en México, ya que la falta de un regulador autónomo podría generar inseguridades sobre el futuro de los proyectos sustentables en el país.

Según Pech, la falta de un ente independiente podría desincentivar la inversión privada, tanto nacional como extranjera. “Sin la garantía de una supervisión técnica e imparcial, los inversionistas podrían considerar a México un mercado de mayor riesgo, lo que afectaría directamente el crecimiento del sector de hidrocarburos y el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas”, sostuvo.