La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que introduce importantes modificaciones a las disposiciones administrativas vigentes sobre seguros para actividades relacionadas con hidrocarburos. 

El mismo tiene como objetivo clarificar los requisitos de registro y los límites de responsabilidad, simplificando los trámites y estandarizando los formatos necesarios para las Estaciones de Servicio y otras actividades vinculadas al manejo de los combustibles fósiles. 

El documento, presenta una serie de ajustes significativos en la normativa del sector. Estas modificaciones buscan asegurar que los seguros contratados por las gasolineras sean adecuados y efectivos para cubrir los riesgos asociados.

La ASEA, creada tras la reforma energética de 2014, ha estado revisando continuamente las normativas para garantizar una mayor seguridad y responsabilidad ambiental en el sector de los combustibles. En este sentido, en conversación con Surtidores Latam, Luis Guzmán, experto en regulaciones, señaló que antes, la obligatoriedad se centraba en tener un seguro de responsabilidad civil para las estaciones de servicio, mientras que la responsabilidad ambiental no estaba claramente definida. 

“En 2018, se implementaron cambios para exigir pólizas que incluyan la responsabilidad ambiental. Desde entonces, se ha requerido que estas sean registradas ante la Agencia, eliminando vacíos legales y clarificando las obligaciones de los regulados” explicó.

Según el mismo, en 2021, se introdujeron modificaciones adicionales para establecer los montos que deben ser cubiertos, basándose en tratados internacionales y la Ley de Equilibrio Ecológico, que enfatizan el principio de no regresión para asegurar un cumplimiento más estricto. 

“Estas medidas se diseñaron para garantizar que las estaciones de servicio y otras instalaciones relacionadas tuvieran la capacidad financiera para afrontar cualquier responsabilidad ambiental derivada de sus operaciones”, señaló.

Dicha publicación en el DOF el 22 de mayo de 2024, asegura que los regulados cuenten con coberturas más precisas y adecuadas a los riesgos específicos de sus operaciones, proporcionando una mayor protección tanto para el medio ambiente como para las comunidades afectadas.