Durante la última sesión, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) anunció la caducidad de 137 permisos otorgados a Estaciones de Servicio y otros 85 puntos relacionados con actividades de gas LP, debido a la falta de operación durante un periodo superior a un año. Esta medida, que se enmarca en la Ley de Hidrocarburos, evidencia un endurecimiento en la supervisión regulatoria del sector energético.

De esta manera, la CRE resolvió no emitir permisos nuevos, manteniendo en 300 el número total de autorizaciones otorgadas en lo que va de 2024, y rescindiendo casi el 46% de estas habilitaciones debido a la inactividad. 

Marcial Díaz, representante de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE) indicó que “la caducidad de estos señala una intensificación en las revisiones de cumplimiento y podría responder a políticas que buscan mayor control de mercado y fortalecimiento de los lineamientos de seguridad”.

La normativa que ampara esta decisión, específicamente el Artículo 55 de la “Ley de Hidrocarburos”, detalla que la caducidad aplica cuando las empresas dejan de ejercer los derechos otorgados por más de 365 días. 

Sin embargo, el impacto de esta medida en el sector podría ser amplio, ya que la CRE cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión, aunque responde al Ejecutivo, y podría experimentar una reconfiguración estructural a raíz de la iniciativa de Simplificación Administrativa, actualmente en revisión en el Congreso, que busca integrar este organismo nuevamente bajo la Secretaría de Energía.

Asimismo, la potencial fusión de la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) bajo la SENER ha despertado preocupaciones en el sector financiero. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), esta consolidación podría disuadir la inversión privada y añadir un componente de politización al mercado energético, afectando la certidumbre jurídica necesaria para los inversores. 

Al respecto, Luis Omar Guzmán Juárez, experto en regulación energética, expresó a Surtidores Latam que uno de los principales objetivos de estas reformas es frenar actividades ilícitas, como el robo de hidrocarburos o “huachicol”, y la adulteración de combustibles, problemáticas persistentes en el sector.

Por otro lado, la agencia ARSE apuntó que estos movimientos reflejan una tendencia hacia el control de permisos y un fortalecimiento de los estándares regulatorios en las actividades de gas LP y petrolíferos. Según la organización en los próximos meses, la publicación de detalles sobre los avales caducados podría revelar patrones de incumplimientos en seguridad o contratos, impactando la estructura operativa y de cumplimiento del mercado.