El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda anunciaron que el incremento de $46 por galón en la gasolina motor corriente, previsto para octubre, no se aplicará finalmente a los consumidores.
La decisión fue adoptada tras una instrucción del presidente de la República, quien pidió evitar que el ajuste llegara al bolsillo de los colombianos.
Según explicaron las carteras, el alza correspondía a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, un mecanismo técnico que impacta automáticamente en la estructura tarifaria de los combustibles. Sin embargo, el Gobierno optó por mantener ese reconocimiento económico sin trasladarlo al valor pagado en las Estaciones de Servicio.
De acuerdo con el comunicado oficial, el costo de esta medida será cubierto por la Nación mediante un subsidio estimado en $8.300 millones durante octubre. De esta manera, el precio de la gasolina corriente permanecerá estable, mientras que el ACPM continuará sin modificaciones, siguiendo la política aplicada tras los efectos del reciente terremoto.
Las autoridades señalaron que la decisión busca dar mayor transparencia a las medidas que afectan el costo de vida. En ese sentido, indicaron que cualquier cambio futuro en los combustibles deberá ser comunicado con anticipación, acompañado de explicaciones claras y de la evaluación de distintas alternativas.
Para el sector energético y las Estaciones de Servicio, el anuncio vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de cómo equilibrar los costos de producción, los subsidios estatales y la estabilidad de los precios al consumidor. El reconocimiento económico a los biocombustibles es un componente relevante dentro de la mezcla de gasolina utilizada en Colombia y forma parte de la política nacional de transición energética.
El Gobierno también informó que trabajará en una solución de largo plazo frente al impacto que tiene la cotización internacional del petróleo sobre los combustibles. El objetivo, según indicaron los ministerios, es encontrar mecanismos que permitan evitar fluctuaciones bruscas y otorgar mayor previsibilidad al mercado.
La decisión representa un alivio temporal para millones de usuarios y para sectores económicos altamente dependientes del transporte.
