El combate al robo de combustibles en México ha retomado fuerza en los últimos meses, en un contexto donde operativos conjuntos entre autoridades federales y estatales buscan frenar una práctica que, además de representar millonarias pérdidas para el Estado, compromete la seguridad de las comunidades y distorsiona el mercado energético.

En el día de ayer, un operativo realizado en Tabasco reflejó la magnitud del fenómeno: más de un millón de litros de hidrocarburos fueron asegurados y una persona fue detenida en una acción encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades estatales. 

La localización de predios donde se almacenaban combustibles de forma clandestina y la presencia de maquinaria para procesarlos evidencian que estas operaciones ilegales no son improvisadas, sino parte de redes con capacidad técnica y logística.

Pero más allá de las acciones en campo, los especialistas advierten que el problema del huachicol tiene distintas capas. En diálogo con Surtidores Latam, Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó recientemente que existen dos modalidades principales de este delito: el robo físico de combustibles desde ductos, lo que tradicionalmente se ha asociado con el término «huachicol», y el contrabando fiscal, que involucra la evasión de impuestos y la importación irregular de gasolinas y diésel.

Montufar señaló que, de acuerdo con datos públicos, no se ha registrado una reducción significativa en el robo de ductos, pese a los esfuerzos oficiales. Sin embargo, el huachicol fiscal ha mostrado comportamientos ligados a decisiones tributarias. 

“Mientras estuvo suspendido el IEPS, no existía un incentivo fuerte para el contrabando. Pero con su reactivación, volvieron a surgir ofertas de gasolina a precios sospechosamente bajos”, advirtió el especialista.

En respuesta, el gobierno ha implementado medidas como controles de inventario, cambios regulatorios en materia de importaciones y ajustes en los procesos de comercialización, principalmente a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). No obstante, aún no hay indicadores públicos que permitan evaluar con precisión la efectividad de estas acciones.

Según los expertos, el mercado energético mexicano continúa siendo un terreno complejo, en el que se cruzan intereses económicos, fallas regulatorias y crimen organizado.